Ante la incapacidad de las instituciones locales para contener la ola de violencia generada por células delictivas, el titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), Luis Antonio Ramírez Hernández, reconoció que la administración estatal se vio obligada a solicitar la intervención urgente de fuerzas federales. El arribo del estado de fuerza militar y ministerial busca frenar a las bandas delictivas que, en palabras del propio funcionario, han impuesto una dinámica de inestabilidad en la entidad. 
El responsable de la política interna admitió la crisis de seguridad tras confirmar que se gestionó un mecanismo de colaboración con el grupo de inteligencia operativa, derivado de un diálogo directo con el comandante de la Región Militar que abarca Veracruz, Puebla y Tlaxcala. Con este ajuste, el gobierno estatal transfiere el control estratégico de los operativos a la Federación, en un intento por reforzar la vigilancia en zonas prioritarias donde los delitos tanto del fuero común como federal han superado el alcance de las policías locales. Te puede interesar: Capturan a presunto operador del CJNG en Tlaxcala; estaría vinculado a multihomicidio en Atlangatepec Derivado de este despliegue, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) iniciarán operativos especiales en municipios críticos como Apizaco. En una muestra de la centralización del mando ante la desconfianza o ineficacia local, Ramírez Hernández puntualizó que los resultados de estas acciones serán administrados y difundidos exclusivamente por el gobierno federal, limitando la vocería de la administración estatal. Finalmente, el secretario de Gobierno minimizó el desabasto de personal al asegurar que el número de efectivos federales se mantendrá bajo el esquema de rotación regional entre Veracruz y Puebla, dejando la seguridad del estado supeditada a las temporalidades y disponibilidad presupuestal que dicte la zona militar. |