Miércoles 17 Junio 2026

Mientras investigaciones periodísticas internacionales, organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas continúan documentando la persistencia de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en Tlaxcala, el gobierno encabezado por Lorena Cuéllar Cisneros optó por rechazar y confrontar los recientes señalamientos realizados por la periodista británica Louise Callaghan, de The Sunday Times, y la escritora y comunicadora Sabina Berman.

La polémica surgió luego de que Callaghan, quien entrevistó a víctimas, presuntos proxenetas y activistas en Tlaxcala como parte de una investigación periodística, describiera un contexto donde la trata continúa operando bajo condiciones que, afirmó, involucran corrupción y tolerancia institucional.

“Existe corrupción enorme… con la Policía, que existe con el Gobierno Estatal, el Gobierno Local que existía hace décadas”, expresó la periodista al referirse a los testimonios y hallazgos recabados durante su trabajo documental.

Desde el programa El Largo Aliento, Sabina Berman retomó esos hallazgos y lanzó un cuestionamiento directo a la gobernadora tlaxcalteca.

“Le avisamos que sí existe (la trata) y si no lo ve, mal, y si lo ve y lo cobija, peor”, afirmó la comunicadora al cuestionar la postura gubernamental frente a una problemática que ha acompañado a la entidad durante décadas.

Organizaciones civiles han advertido que las acciones institucionales contra la trata en Tlaxcala siguen siendo insuficientes frente a la dimensión del problema.

Lejos de responder al fondo de los señalamientos, la administración estatal difundió un escueto comunicado de apenas media cuartilla, en el que negó categóricamente las acusaciones y exigió ejercer su derecho de réplica.

El gobierno estatal enlistó acciones como la atención a la Alerta de Violencia de Género, la integración del Consejo Estatal contra la Trata y las investigaciones iniciadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado. Sin embargo, precisamente esos mecanismos han sido objeto de críticas constantes por parte de especialistas y organizaciones civiles.

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Durante los ultimos  años, organizaciones como el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, académicos, colectivos feministas y organismos defensores de derechos humanos han advertido sobre la persistencia de redes de explotación sexual, la impunidad de los responsables y las deficiencias institucionales para atender a las víctimas.

La organización también ha cuestionado la efectividad de las principales acciones presumidas por el gobierno estatal, como la Alerta de Violencia de Género y el Consejo Estatal contra la Trata, al considerar que no han logrado modificar las condiciones que permiten la operación de grupos dedicados a la explotación sexual en municipios históricamente señalados por esta problemática.

Además, ha advertido que Tlaxcala continúa sin contar con un refugio especializado para mujeres y niñas víctimas de trata, mientras persisten deficiencias en la protección de sobrevivientes y en la persecución de un delito que debe investigarse de oficio. Para los colectivos, estas omisiones han favorecido la permanencia de una cultura proxeneta y de redes criminales que siguen operando dentro y fuera de la entidad.