La Secretaría de las Mujeres del Estado (SMET) tiene identificados a 108 trabajadores en activo de la administración estatal que cuentan con reportes o quejas por violencia de género o deudas alimentarias, mientras que 29 servidores públicos tienen descuentos automáticos en sus salarios para garantizar el cumplimiento de pensiones alimentarias ordenadas por autoridades judiciales. Recientemente la dependencia generó polémica por la campaña de paternidad responsable "Eres de los que se fue por cigarros, regresa con dos kilos de huevos", la cual generó críticas de colectivos, especialistas y organismos defensores de derechos humanos por la forma en que abordó esta problemática. La SMET precisó que los descuentos vía nómina se aplican únicamente por mandato judicial y reconoció que ninguno de los trabajadores con reportes por deudas alimentarias o violencia de género ha sido separado de su cargo por esa condición. 
Entre los casos que generó mayor atención pública se encuentra el del secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, quien fue demandado por su expareja, Tania Rodríguez, por el presunto incumplimiento del pago de la pensión alimentaria para su hijo menor de edad. Las denuncias se hicieron públicas cuando encabezaba la Secretaría de Medio Ambiente. Posteriormente, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros lo nombró titular de la Secretaría de Gobierno, decisión que motivó protestas del Frente Nacional de Mujeres Contra Deudores Alimentarios y de colectivas feministas. Te puede interesar: ¿Eres de los que se fue por cigarros? Regresa con dos kilos de huevos; polémica campaña desata críticas en Tlaxcala Las organizaciones solicitaron su remoción al considerar que el nombramiento contraviene el espíritu de la Ley 3 de 3 contra la violencia, que establece restricciones para que personas con resoluciones firmes por deudas alimentarias morosas, violencia familiar o delitos sexuales accedan a determinados cargos públicos. También señalaron la cercanía del funcionario con la mandataria estatal, de quien es ahijado de bodas. A raíz de la campaña, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala también emitió un posicionamiento en el que llamó a fortalecer las acciones institucionales para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes desde un enfoque de igualdad y no discriminación.
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