Con la participación de representantes comunitarios, autoridades judiciales y la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), se llevaron a cabo los 10.º Diálogos entre Justicias en el estado de Tlaxcala. El encuentro, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT) y el Ayuntamiento de Panotla, sirvió como espacio para analizar los mecanismos de acceso a la justicia y la interacción entre los sistemas normativos internos de las comunidades y las instituciones públicas del Estado. Durante las mesas de trabajo, los representantes expusieron que en la entidad existen 94 comunidades que se rigen por usos y costumbres, compartiendo sus normas vigentes y los retos que enfrentan para coordinarse con los tribunales estatales. 
Al respecto, la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) enfatizó la necesidad de que el acceso a la justicia indígena incorpore una perspectiva de género sólida, promoviendo de manera activa la participación equitativa de mujeres y hombres tanto en la representación comunitaria como en la toma de decisiones. En el debate, Víctor Leonel Juan Martínez, titular de la Dirección General de Derechos Humanos y Justicia Pluricultural de la SCJN, advirtió que a pesar del reconocimiento constitucional de la pluriculturalidad de la nación, en la práctica cotidiana de los tres Poderes del Estado aún prevalece una visión hegemónica que desestima la validez de la jurisdicción comunitaria. En consonancia, la presidenta de la CEDHT, Jakqueline Ordoñez Brasdefer, señaló que históricamente los pueblos originarios han sido relegados a ser receptores de decisiones estatales en lugar de interlocutores directos, por lo que urgió a crear un mecanismo de diálogo permanente que trascienda las mesas de análisis. Te puede interesar: Comunidad de San Pedro Ecatepec, Tlaxcala acusa criminalización de su protesta contra el PODECIBI Por su parte, autoridades locales de comunidades como San Miguel Tlamahuco y San Mateo Huexoyucan recalcaron la importancia de que la ciudadanía conozca los derechos de libre determinación plasmados en el artículo segundo constitucional, buscando que el pluralismo jurídico sea visto como un fortalecimiento para el tejido social y no como un obstáculo para la ley estatal. Los resultados de este décimo foro nacional se encaminarán hacia la redacción de un protocolo oficial de coordinación entre las justicias comunitarias y los organismos del sector público. |