La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG) contabiliza 45 quejas formales por presuntas presiones a trabajadores del gobierno estatal para favorecer a aspirantes de Morena en Tlaxcala, mientras autoridades estatales evitan pronunciarse sobre señalamientos relacionados con la presunta utilización de eventos institucionales para promover las aspiraciones políticas del alcalde con licencia de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García. El titular de la Coordinación de Comunicación (CCOM), Antonio Martínez Velázquez, confirmó que las denuncias permanecen abiertas y que la dependencia da seguimiento a cada una de ellas. Explicó que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros recibió señalamientos directos de personal del sector salud que manifestó sentirse presionado en el contexto de las dinámicas políticas locales.
Sin embargo, durante su pronunciamiento, el funcionario no abordó los señalamientos de trabajadores que denuncian que, desde distintas dependencias estatales, se les habría solicitado asistir a eventos vinculados con proyectos políticos y llevar a más personas. Uno de los casos señalados ocurrió el pasado sábado durante el evento “Trail Running”, realizado en la comunidad de Acuitlapilco, en el municipio de Tlaxcala. De acuerdo con trabajadores, la actividad habría sido utilizada para impulsar un proyecto político relacionado con el alcalde con licencia. El evento fue presentado como una actividad organizada por el Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala (COBAT), la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) y la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala (USET), a través de un club atlético. Te puede interesar: Gobernadora de Tlaxcala admite cargada oficial y respalda abiertamente a Alfonso Sánchez Según los testimonios, trabajadores de distintas dependencias estatales habrían recibido indicaciones para acudir a la actividad y convocar a más personas, una situación que, de acuerdo con sus señalamientos, forma parte de una dinámica de movilización que también se habría presentado en otros eventos. Al respecto, Martínez Velázquez sostuvo que no se permitirán amenazas de despido, represalias ni vulneraciones a los derechos laborales por motivos políticos o electorales, y señaló que las libertades de las y los servidores públicos están protegidas frente a cualquier intento de presión dentro de la administración estatal. El vocero insistió en que no son tiempos electorales, por lo que consideró prioritario mantener la estabilidad y el profesionalismo en las dependencias, así como garantizar que el personal desempeñe sus labores sin temor a presiones de cualquier actor o sector. El gobierno estatal reiteró el llamado a cualquier trabajador que considere amenazada su estabilidad laboral a presentar una denuncia formal, a fin de que las autoridades competentes den cauce legal a cada caso.
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