El Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, cuestionó la estrategia del gobierno estatal para combatir este delito, luego de que el operativo “Mujeres libres de violencia” concluyera con el cierre de nueve moteles, sin que se informara sobre víctimas identificadas y protegidas, tratantes detenidos o redes criminales investigadas. El operativo, realizado por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) en Chiautempan, Acuamanala, Papalotla, Apizaco y Calpulalpan, fue presentado como una acción para prevenir y combatir la trata, localizar posibles víctimas y verificar que los establecimientos operaran conforme a la ley. Sin embargo, el resultado informado se limitó a clausuras por irregularidades administrativas y sanitarias. 
El Centro Fray Julián Garcés, organización que durante años ha investigado y documentado el fenómeno de la trata de personas con fines de explotación sexual en Tlaxcala, advirtió que este tipo de acciones pueden terminar centrando la intervención en las mujeres explotadas y no en las redes que se benefician de la explotación sexual, además de revictimizarlas al pretender identificar mediante preguntas directas si son víctimas de trata. La organización advirtió que las víctimas de trata pueden no reconocerse como tales debido a la manipulación y control emocional ejercidos por los tratantes. Por ello, su identificación requiere diálogo y acompañamiento especializado, pues factores como el aislamiento, la falta de control sobre el dinero y el tiempo, así como la obligación de cumplir cuotas, pueden revelar condiciones de explotación que no se detectan con una pregunta durante un operativo. Te puede interesar: Gobierno de Tlaxcala presume combate a la trata, pero incumple 89% de su propio programa Asimismo, el cierre de moteles por irregularidades administrativas, sanitarias o de protección civil no es suficiente para desarticular las redes de trata. Una vez solventadas las deficiencias, los establecimientos pueden volver a operar, mientras las estructuras que lucran con la explotación sexual permanecen intactas. El Centro Fray Julián Garcés también planteó que una estrategia efectiva debe investigar y desmantelar las redes de tratantes, proteger a las víctimas y decomisar los bienes utilizados para cometer el delito o que sean producto de la explotación sexual. Además, debe considerar la demanda que sostiene este negocio y la responsabilidad de quienes pagan por acceder sexualmente a mujeres y niñas. Por ello, cuestionó que los resultados de los operativos se midan por el número de establecimientos clausurados y no por víctimas identificadas y protegidas, tratantes detenidos, redes desarticuladas y sentencias obtenidas.
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