Aunque la trata de personas es uno de los delitos de mayor impacto por las violaciones a los derechos humanos, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) aseguró que, hasta ahora, las investigaciones derivadas de las denuncias presentadas en Tlaxcala no han permitido acreditar la existencia de redes de tratantes, sino únicamente la actuación de personas individuales. En entrevista, la titular de la dependencia, Ernestina Carro Roldán, afirmó que los operativos realizados en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) no han arrojado indicios de estructuras criminales dedicadas a este delito. "De las denuncias que tenemos, hemos trabajado de forma individual; no encontramos una red como tal, sino que han sido sujetos individuales donde se les detiene", declaró. No obstante, organismos nacionales e internacionales han advertido que la trata suele operar mediante estructuras organizadas que facilitan el reclutamiento, traslado, explotación y control de las víctimas. La funcionaria sostuvo que, en los expedientes que actualmente investiga la institución, esa modalidad no ha sido acreditada. 
Carro Roldán explicó que la atención y protección de las víctimas constituye un elemento central para judicializar los casos. Indicó que, tras la denuncia, se realizan dictámenes psicológicos y médicos, además de un acompañamiento especializado para preparar a las víctimas durante el proceso penal y su eventual comparecencia en juicio.
Te puede interesar: Operativos contra la trata en Tlaxcala clausuran moteles, pero no desarticulan redes; advierten organizaciones La fiscal agregó que la FGJE mantiene coordinación con fiscalías de entidades como el Estado de México y la Ciudad de México, tanto para la integración de investigaciones como para el cumplimiento de diligencias ministeriales. Asimismo, indicó que, cuando los casos trascienden el ámbito nacional, también existe colaboración con Interpol para ejecutar órdenes de localización o detención en el extranjero. Finalmente, reconoció que el combate a la trata de personas requiere una estrategia conjunta entre los tres órdenes de gobierno y la cooperación internacional, debido a la complejidad del delito. "Tenemos que colaborar: tanto países, gobiernos y municipios; todos tenemos que colaborar en este tema porque es un delito que violenta gravemente a las mujeres", concluyó.
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