El programa de preliberaciones que alistan la Secretaría de Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) tendría un impacto limitado en los centros penitenciarios de Tlaxcala, esto debido a que el 94.6 por ciento de las personas privadas de la libertad no cuenta con una sentencia, condición indispensable para acceder a ese beneficio, de acuerdo con el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Federal y Estatales (CNSIPEF-E) 2026 del INEGI. Con base en esas cifras, de las mil 245 personas privadas de la libertad registradas al cierre de 2025, solo 67 habían sido sentenciadas, por lo que únicamente ese universo podría ser susceptible de revisión para una eventual preliberación, siempre que además cumpla con los requisitos legales, como haber compurgado entre el 50 y el 70 por ciento de la pena. 
Fue el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, quien informó que la administración estatal instalará mesas de trabajo con el Poder Judicial, la Defensoría Pública Federal, la Defensoría estatal y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT) para identificar los casos que puedan acceder al beneficio. El funcionario sostuvo que actualmente no existe hacinamiento en los Centros de Reinserción Social de Tlaxcala y Apizaco, aunque reconoció que ambos se encuentran cerca de su capacidad máxima, por lo que la intención es reducir la población penitenciaria mediante este mecanismo. Te puede interesar: Segob insiste: No hay cárteles en Tlaxcala; despliegan operativo y caen dos por multihomicidio Sin embargo, los datos del INEGI muestran que la presión sobre el sistema penitenciario está vinculada principalmente al elevado número de personas que permanecen sin resolución judicial. Del total de personas privadas de la libertad sin sentencia, 54.5 por ciento se encuentra bajo prisión preventiva oficiosa y 40.1 por ciento bajo prisión preventiva justificada. Además, el censo reporta que los cuatro centros penitenciarios de Tlaxcala cuentan con una capacidad instalada para mil 181 personas, pero al cierre de 2025 albergaban mil 245, es decir, operaban por encima de su capacidad. De esta manera, el programa de preliberaciones anunciado por el Gobierno del Estado se concentrará en revisar los expedientes de personas ya sentenciadas, mientras que la mayor parte de la población penitenciaria continuará sujeta a la resolución de sus procesos judiciales.
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