Lunes 24 Agosto 2026

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Tlaxcala presentó ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) una denuncia por el presunto uso de la Casa de Gobierno como centro de operación electoral para favorecer a un aspirante de Morena.

El dirigente estatal del PRD, Juan Manuel Cambrón Soria, señaló que los hechos podrían configurar violaciones a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, al involucrar presuntamente recursos públicos, infraestructura institucional y servidores públicos en actividades relacionadas con la contienda interna de Morena.

El PRD denunció ante la Fiscalía el presunto uso de Casa de Gobierno como búnker para impulsar a Alfonso Sánchez.

De acuerdo con la denuncia, los hechos habrían ocurrido los días 14, 15 y 16 de agosto en la Casa de Gobierno, donde presuntamente se almacenó y preparó material publicitario para su distribución. El partido solicitó a la Fiscalía investigar los hechos, realizar una inspección del inmueble y requerir las grabaciones de videovigilancia correspondientes.

Cambrón explicó que el PRD decidió acudir directamente ante la FGJE y no ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales; esto para requerir a la FGJE los registros de las cámaras de video vigilancia de Casa de Gobierno para tener la evidencia respaldada y permitir conocer la cadena de responsabilidades.

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Asimismo, Cambrón Soría mencionó que, si bien, no existe confianza en la fiscal Ernestina Carro Roldán, a quien ubica dentro del mismo grupo político señalado en la denuncia, esperan que la investigación se conduzca con imparcialidad al tratarse de posibles delitos electorales.

El dirigente perredista también emplazó a la presidenta estatal de Morena, Jaina Daniela Flores Meneses, y a la senadora con licencia Ana Lilia Rivera Rivera, a fijar una postura sobre el presunto uso de instalaciones y recursos públicos para beneficiar a un aspirante de su partido.

La denuncia incluye fotografías y publicaciones periodísticas como elementos de prueba y solicita que, de acreditarse posibles delitos, la autoridad determine las responsabilidades correspondientes.