Por la política de austeridad republicana, 22 trabajadores de la Procuraduría Agraria en Tlaxcala fueron reubicados desde febrero de 2026 en los antiguos graneros de la Conasupo conocidos como “Los Conos” o “Graneros del Pueblo”, en Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, donde laboran en condiciones precarias y con limitaciones para atender a ejidatarios y campesinos. De acuerdo con una investigación publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), tres de los cinco conos cilíndricos ubicados en la Calle Real 1 fueron habilitados como oficinas. En cada espacio trabajan entre siete y ocho personas, con apenas un escritorio y un archivero, lo que reduce el espacio para el personal y dificulta el tránsito y la atención al público. 
Las instalaciones fueron construidas originalmente para el almacenamiento de granos, por lo que no cuentan con las condiciones necesarias para funcionar como oficinas públicas. Los trabajadores tampoco disponen de baños propios y deben utilizar los de las oficinas de Bienestar, que en ocasiones permanecen cerrados o carecen de agua. A estas carencias se suman la falta de línea telefónica, servicio de limpieza, vigilancia y equipo de cómputo institucional. Ante ello, parte del personal utiliza sus propias computadoras y cubre de su bolsillo algunos insumos necesarios para realizar sus actividades. Te puede interesar: ‘Ahorcados’ por los laudos, alcaldes de Tlaxcala piden más dinero al Congreso Según los testimonios recabados por MCCI, las condiciones de las instalaciones también generan afectaciones en el desempeño de los trabajadores y en la atención que la Procuraduría Agraria debe proporcionar a la población rural. El caso de Tlaxcala forma parte de una situación similar documentada por MCCI en al menos otras cinco entidades. En Yucatán, 39 trabajadores fueron instalados en una antigua bodega de fertilizantes sin ventanas ni aire acondicionado, donde las temperaturas han superado los 44 grados Celsius. En Guanajuato, personal de San Luis de la Paz ocupa oficinas prestadas con paredes enmohecidas y cuarteadas; mientras que en Uruapan, Michoacán, trabajadores aportan de su salario los 10 mil pesos mensuales correspondientes a la renta del inmueble. En Atlacomulco, Estado de México, las oficinas presentan goteras y parte de los archivos permanece almacenada en cajas de cartón. En la Ciudad de México, 459 trabajadores fueron reubicados en dos pisos del Registro Agrario Nacional, donde también reportan hacinamiento y filtraciones. 
La reducción de espacios y servicios estaría relacionada con los recortes presupuestales aplicados a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), dependencia de la que forma parte la Procuraduría Agraria. El Informe de Austeridad Republicana 2025 de la Sedatu reportó una disminución de 59.1 por ciento en el gasto destinado al arrendamiento de edificios y locales respecto a 2024, además de reducciones en materiales de oficina, telefonía e infraestructura informática. Los trabajadores señalaron que las condiciones actuales afectan tanto su bienestar como la capacidad de la institución para cumplir con su función de brindar asesoría y defensa de los derechos agrarios.
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