Los Observatorios Ciudadanos de Protección Animal de Puebla, Jalisco y Tlaxcala advirtieron sobre el riesgo de que la nueva Ley General de Bienestar Animal limite las disposiciones de protección que ya existen a nivel estatal y municipal, al establecer reglas federales que funcionen como “techos normativos” en lugar de mínimos de protección. A través de la “Alerta 03”, difundida este 3 de septiembre, las organizaciones señalaron que la minuta que se discute a nivel federal podría generar una invasión a las facultades locales y, con ello, poner en riesgo avances alcanzados en distintas entidades. Los observatorios sostienen que, de acuerdo con el artículo 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes generales deben establecer pisos mínimos de protección para que los estados puedan mantener o ampliar sus propias medidas, y no imponer límites que terminen anulando normas locales más estrictas. De acuerdo con los artículos 115 y 124 constitucionales, relacionados con las atribuciones de los municipios y la autonomía de las entidades federativas, las organizaciones subrayaron que la legislación federal no debería impedir que estados y municipios adopten medidas adicionales para garantizar el bienestar animal. Entre las disposiciones que podrían verse afectadas, según los observatorios, se encuentran las restricciones a mutilaciones con fines estéticos, el veto a la tracción animal en zonas urbanas, los límites al confinamiento de animales y la prohibición de su venta en tianguis o en la vía pública. En el caso de Puebla, organizaciones ciudadanas han impulsado medidas locales de protección animal y han advertido previamente sobre posibles retrocesos si la legislación federal establece disposiciones menos protectoras que las vigentes en los estados. Te puede interesar: Animalistas de Puebla alertan retrocesos en nueva ley de protección animal “Una Ley General debe elevar la protección, no invalidar avances”, sostuvieron las organizaciones al fijar su postura frente al proyecto que continúa su proceso legislativo. Los observatorios también señalaron posibles incompatibilidades de la propuesta con estándares internacionales de bienestar animal, incluidos los promovidos por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), por lo que demandaron que el texto final fortalezca la protección en todo el país sin generar retrocesos. La discusión deriva de la reforma constitucional aprobada a finales de 2024, mediante la cual el Congreso de la Unión obtuvo facultades para expedir una ley general en materia de bienestar animal. Desde entonces se han presentado iniciativas y dictámenes para construir el marco nacional. Ante este proceso, los Observatorios Ciudadanos de Protección Animal de Jalisco, Puebla y Tlaxcala pidieron que la legislación respete el federalismo y el principio de no regresividad, de modo que las entidades puedan conservar las normas que otorguen mayores niveles de protección y continuar ampliándolas.
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