El Gobierno de Tlaxcala destinó al menos 81 millones de pesos a Seguritech para sistemas de videovigilancia y reconocimiento facial, mientras la administración estatal mantiene bajo reserva información relacionada con estos contratos y con la operación de las herramientas de vigilancia. El monto fue documentado por la investigación periodística “Rentabilidad del miedo”, realizada por PopLab y CONNECTAS, que reconstruyó contratos, operaciones financieras y documentación corporativa de la empresa para identificar el alcance de los recursos públicos destinados a sus servicios en Tlaxcala. De acuerdo con la investigación, la información sobre estos sistemas no fue entregada de manera pública por las autoridades estatales, no obstante, el análisis de registros fiscales, comprobantes, contratos públicos y actas constitutivas permitió, sin embargo, establecer el monto destinado a Seguritech durante la actual administración estatal. 
Los recursos fueron dirigidos a sistemas vinculados con el C5i de Tlaxcala, desde donde se opera infraestructura de videovigilancia y reconocimiento facial. La tecnología de Seguritech fue utilizada en noviembre de 2025 para identificar a activistas feministas después de actos de iconoclasia registrados en el mausoleo conmemorativo de la fundación de Tlaxcala, lo que derivó en investigaciones por parte de la Fiscalía estatal. El C5i fue operado por Max Hernández, funcionario que posteriormente recibió la titularidad de la Notaría Pública Número 3 en Tlaxcala. Durante su gestión se concretaron servicios relacionados con la operación del sistema de reconocimiento facial contratado con Seguritech. El gasto de 81 millones de pesos se suma a la inversión realizada para construir y equipar el propio C5i. Cuando compareció ante el Congreso local, el entonces secretario de Infraestructura, Alfonso Sánchez García, informó que el proyecto tendría una inversión cercana a los 300 millones de pesos. Te puede interesar: Premian a Max Pulido con notaría pese a cuestionada gestión en el SESESP Posteriormente, durante la inauguración del complejo, Lorena Cuéllar, acompañada por Adán Augusto López Hernández, entonces secretario de Gobernación, informó que la construcción había tenido un costo de 293 millones de pesos, además de otros 100 millones destinados al equipamiento, entre este las cámaras de videovigilancia. La investigación de PopLab y CONNECTAS señaló que 97 por ciento del monto de los contratos obtenidos por Seguritech desde 2012 en los estados donde opera fueron asignados mediante adjudicación directa. 
En ese periodo, la empresa recicbió al menos 52 mil millones de pesos mediante convenios con 37 gobiernos estatales y municipales, entre ellos Tlaxcala y sus 60 municipios. El reportaje también establece que aproximadamente 95 por ciento de los ingresos de Seguritech Privada provienen de recursos públicos. La compañía, fundada por Simón Picker Gottlieb y dirigida por Ariel Picker Schatz, forma parte de una red empresarial integrada por al menos 63 compañías. La investigación identificó contratos con esquemas de pago por “éxito de proyecto”, con porcentajes que van de 4 a 50 por ciento, además de cláusulas de confidencialidad que pueden extenderse hasta por una década.
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