Viernes 20 Noviembre 2026

Colectivas feministas, redes de acompañamiento y organizaciones defensoras de derechos humanos condenaron las agresiones e intimidaciones cometidas por integrantes de grupos religiosos conservadores durante el foro “Retos y pendientes de la despenalización del aborto en Tlaxcala”, realizado en el Congreso del Estado.

A través de un pronunciamiento público, las agrupaciones señalaron que el encuentro —coorganizado con el Poder Legislativo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Ddeser Tlaxcala y Católicas por el Derecho a Decidir A.C.— fue interrumpido de manera hostil por manifestantes que golpearon mesas, arrebataron la palabra e insultaron a ponentes y asistentes para intentar reventar el evento.

Ante estos hechos, exigieron al Congreso de Tlaxcala y a las autoridades de seguridad asumir su responsabilidad, reconocer la omisión en el resguardo del recinto e iniciar procedimientos administrativos para sancionar al personal que omitió actuar durante las agresiones.

Asimismo, solicitaron a la CEDH abrir de oficio un expediente de queja por las fallas de seguridad, y demandaron al Obispo de Tlaxcala deslindarse públicamente de estos grupos y respetar el Estado laico.

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Finalmente, las organizaciones advirtieron que permitir que grupos antiderechos intimiden e intenten silenciar a quienes defienden los derechos reproductivos constituye una amenaza directa a la democracia, por lo que también exhortaron a los medios de comunicación a informar con objetividad, sin criminalizar a las defensoras ni reproducir discursos de odio y violencia.

La CEDHT reconoce avances sobre interrupción legal del embarazo 

Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala emitió un posicionamiento institucional sobre la interrupción del embarazo, en el que destacó los avances registrados tras la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de diciembre de 2025 que invalidó diversos artículos del Código Penal local.

En el documento, el organismo subrayó el derecho a la información clara y accesible como base de la autonomía reproductiva, exigió servicios de salud seguros, confidenciales y libres de discriminación u obstáculos administrativos, y enfatizó la necesidad de transitar del reconocimiento jurídico a la garantía efectiva del servicio, manteniendo el respeto a la pluralidad de opiniones en una sociedad democrática.