Especialista de la BUAP pide regulación y mirada crítica ante desinformación en redes

Las redes sociales se han convertido en uno de los principales canales para acceder, consultar y difundir información, pero también tienen capacidad para construir opinión pública, influir en la participación ciudadana y afectar decisiones y políticas públicas. 

Ante ello, Martín Rodrigo Echeverría Victoria, especialista de la BUAP, planteó la necesidad de fortalecer la alfabetización digital y discutir mecanismos de regulación.

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El investigador del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico (ICGDE) señaló que la duda sobre la veracidad de los contenidos debe ser permanente, debido a que detrás de su difusión puede haber intereses.

Como una línea de acción mencionó la alfabetización dirigida a personas adultas, para que desarrollen criterios que les permitan distinguir información falsa de contenidos veraces.

Sobre la regulación, explicó que algunas plataformas ya aplican filtros a contenidos como desnudos, violencia explícita o material sexual. Añadió que en algunos países también existen mecanismos legales para retirar información falsa cuando una persona demuestra que el contenido es incorrecto.

“Lamentablemente en México y América Latina esto avanza de forma más cauta. La apuesta de las plataformas es comprometerse a autorregularse para no entrar en litigio y verse obligadas a cumplir con ciertas restricciones. Ese es el tema de América Latina, salvo Brasil, que obligó a instalar a moderadores de contenido, sobre todo en el gobierno de Jair Messias Bolsonaro y la insurrección después de la elección, cuando se tuvo que llegar a niveles realmente críticos para que el Poder Judicial actuara y pusiera un freno a las plataformas”.

Como referencia, mencionó a Brasil, donde las autoridades obligaron a instalar moderadores de contenido después de los acontecimientos posteriores a la elección de Jair Bolsonaro.

Echeverría Victoria consideró que la regulación debe equilibrarse con la libertad de expresión, pero señaló que en Europa la discusión también ha considerado la protección de los procesos electorales y el derecho de las personas a no ser engañadas o manipuladas.

Advirtió que existen riesgos mayores, como el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado mediante falsas ofertas de empleo que pueden derivar en trabajo forzado. También propuso controles para los canales digitales que ofrecen productos o servicios y pueden funcionar como mecanismos de fraude.

Respecto a la inteligencia artificial, señaló que el riesgo no está únicamente en generar contenidos, sino en utilizarla para automatizar y acelerar la fabricación y distribución de desinformación. Recordó un reportaje de The New York Times sobre una campaña con 2 mil 500 influencers inexistentes en Instagram que difundían mensajes favorables a MAGA y Donald Trump.

El investigador consideró que el Estado debe proteger a la población frente a estas operaciones, pero también subrayó la responsabilidad ciudadana de no compartir o dar “like” a contenidos cuya fuente no sea reconocible.

“Hay que ser responsables como ciudadanos para no contribuir a diseminar esta desinformación”, señaló, y recomendó consultar otras fuentes y enfoques antes de compartir contenidos.