En el limbo, capacitación de la Guardia Nacional en la entidad
La formación de los elementos de este nuevo cuerpo de seguridad es en gran parte militar, por lo que no están preparados para seguir protocolos
La Guardia Nacional arrancó desde julio sus operaciones en Puebla, con alrededor de 2 mil 163 elementos distribuidos en cinco coordinaciones regionales. De éstos, apenas la mitad estarían realmente capacitados para cumplir con las tareas de seguridad pública que les fueron encomendadas, afirma Jonathan Amaro Hernández, docente de la Escuela Libre de Derecho y uno de los encargados de instruirlos, entre otras cosas, como primeros respondientes del Sistema de Justicia Penal. “Al ser un cuerpo que está formado en su mayoría por exmilitares —en un 60-70 por ciento—, ellos tienen una formación totalmente diferente. Saben lo que es resguardar el lugar del hecho del hallazgo; pero realizar el levantamiento de indicios y evitar que se contaminen la escena no lo saben,” asegura al referir que antes, luego de su actuación en un operativo conjunto, los militares y los marinos dejaban todo el papeleo a las policías locales.
Aunque se prevé que los elementos de nuevo ingreso tomen cursos de 984 horas y aquéllos que pertenecían a la Secretaría de la Defensa, la Marina o la Policía Federal, por 584 horas en materia de derechos humanos, adiestramiento para el uso de la fuerza y como primeros respondientes, éstos últimos aún se encuentran en un limbo profesional, pues fueron desplegados de manera inmediata en el territorio nacional sin estar enteramente capacitados, incluso sin haber pasado por exámenes de control de confianza; de ahí la prórroga de 18 meses anunciada por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC). Lee: Puebla rechaza la entrada de la Guardia NacionalBasta recordar los hechos de finales de julio en Tepeaca, donde los elementos de la Guardia Nacional fueron agredidos por los pobladores de San José Carpinteros, luego de acudir al llamado de personal de seguridad física de Pemex. Dos semanas más tarde, en el poblado de Apango, en Acajete, personal de la XXV Zona Militar fue agredido verbal y físicamente con palos y piedras, a lo que éstos respondieron con disparos al aire. Al día siguiente, la Sedena hizo público su posicionamiento —que incluía también a la Guardia Nacional—, en el sentido de que los elementos que sean objeto de agresiones podrán hacer uso legítimo de la fuerza. Acostumbrados a eliminar “Tenemos que entender que el ciudadano ya le perdió respeto a la figura del policía. Yo les digo a los elementos de la Guardia Nacional: ‘si un ciudadano empieza a agredirte, entonces puedes hacer uso legítimo de la fuerza’”, asegura Amaro Hernández, quien insiste en que la falta de capacitación es quizá el principal problema de la nueva estrategia de seguridad y en especial de la Guardia Nacional, los cuales presentan evidentes complicaciones para hacer un giro de 180 grados en su formación militar, entendiendo que existe un protocolo del uso de la fuerza que va desde la mera presencia policial hasta avanzar gradualmente al uso de armas no letales y letales. A esto se suma la inexperiencia en materia de seguridad pública, misma que no podrá ser sanada únicamente con cursos y talleres.
“Un policía sabe cuando una persona presenta una actitud sospechosa. A un militar tú le dices ‘mata’ y éste mata no te va a preguntar por qué lo va a hacer; están acostumbrados a eliminar amenazas, no a seguir protocolos.” Lee: Cuatro detenidos por ataque en Chiapas donde murió un militar poblanoLa sensibilización sobre el uso gradual de la fuerza, el cacheo que no atente contra la dignidad de la persona, la garantía de que los posibles imputados lleguen en buen estado de salud al Ministerio Público —sin signos de tortura—, la justificación en todo caso a través de un informe policial del por qué presentó algún golpe producto del sometimiento, entre otras cuestiones, aún se les escapa a los elementos, que día a día realizan labores de seguridad pública en Puebla.
Los riesgos de la incertidumbre Si esto fuera poco, al limbo profesional se suma otro de carácter legal, y a un último económico. El primero tiene que ver con la adecuación pendiente de legislaciones, como la Ley de Seguridad Pública del Estado, que deberá estar en sintonía con la Ley Reglamentaria de la Guardia Nacional. Más importante aún, el pago de la nómina de los elementos, que hasta ahora se mantiene bajo un doble esquema: una parte proviene de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, pero el mayor recurso para el pago de la nómina de los 58 mil 602 elementos desplegados proviene de los estados, quienes a solicitud de los municipios o por iniciativa propia pidieron la intervención del recién creado cuerpo de seguridad. El problema, explica el maestro Jonathan, es que de no existir un presupuesto etiquetado para la Guardia Nacional desde las entidades federativas, el pago de los elementos estará sujeto a la disciplina financiera. “Si llega un líder huachicolero y nada más por decirle dónde van a estar las patrullas o por dónde van a pasar los operativos, le dan 5 o 10 mil pesos semanales —mientras la entidad le retiene sus pagos—, es obvio que esta institución se va a corromper.” |
