Educación y salud, principales carencias en comunidades indígenas

Tres cuartas partes de los pueblos originarios en Puebla son considerados de alta y muy alta marginación

Los miembros de pueblos originarios en Puebla enfrentan dificultades de acceso a la educación, servicios de salud y condiciones de desarrollo económico, según datos del Sistema de Indicadores sobre la Población Indígena de México, con base en la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).

En la entidad, según las cifras que difundieron a través del sitio de transparencia del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, hay un total de 150 mil 523 personas pertenecientes a diferentes grupos étnicos en condición de analfabetismo.

Además 12 mil 243 indígenas no asisten a la escuela, aunque no se identificaron los motivos que los alejan de las aulas.

Otro dato que exhibe las carencias de integrantes de los pueblos originarios consiste en que 181 mil 335 no es derechohabiente en ningún sistema de salud estatal ni federal.

También destaca que 363 mil 038 de más de un millón de indígenas forman parte de la población económicamente activa y 11 mil 437 permanece en la desocupación.

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En el rubro de ingresos, 35 mil 247 carecen de éste, mientras que 82 mil 674 perciben hasta un salario mínimo.
No obstante, más de 75 por ciento de los municipios donde hay población indígena son considerados de alta y muy alta marginación.
En este caso se encuentran Acteopan, Ahuacatlán, Ajalpan, Camocuautla, Chiconcuautla, Chilchotla, Eloxochitlán, Hermenegildo Galeana, Huehuetla, Hueytlalpan, Huitzilan de Serdán, Ixtepec, Olintla, San Felipe Tepatlán y San Sebastián Tlacotepec.
También se incluye a otras demarcaciones como Pahuatlán, Pantepec, Quimixtlán, San Antonio Cañada, San Diego La Mesa Tochimiltzingo, San Gabriel Chilac, Santa Catarina Tlatempan y Santa Inés Ahuatempan.

El enfoque transversal dispuesto en la iniciativa de Ley de Egresos para el Estado de Puebla correspondiente al ejercicio fiscal 2020, pretende incidir en el mejoramiento de las condiciones descritas, lo que el gobierno deberá medir al finalizar el próximo año en su evaluación del gasto.