Inseguridad en Puebla se debate en la Cámara de Diputados

Uno de los puntos de acuerdo que solicitan a Puebla es la transparencia en las investigaciones sobre el asesinato de tres estudiantes

Marcos Nucamendi

Al menos tres puntos de acuerdos relacionados con los recientes hechos de violencia en Puebla se han propuesto en la Cámara de Diputados; fueron promovidos el pasado 3 de marzo por legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Encuentro Social (PES).

El primero de ellos, suscrito por 11 parlamentarios del PRD, tiene el objetivo de exhortar al gobierno estatal y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), encabezada desde hace un par de semanas por Raciel López Salazar, para que haga públicas las medidas y estrategias que se están implementando para reducir la violencia.

Asimismo, se hace un llamado a la Fiscalía General del Estado (FGE), en la que fue ratificado recientemente Gilberto Higuera Bernal, para que investigue de forma exhaustiva, imparcial y sin contratiempos el caso de los cuatro jóvenes asesinados en Huejotzingo, tres de ellos estudiantes de la BUAP y la UPAEP, así como cualquier otro caso sobre que no haya certeza ni legalidad en las diligencias.

El segundo punto de acuerdo, promovido por el Grupo Parlamentario del PRI, exhorta a la Fiscalía y al Gobierno del Estado, igualmente, garantizar objetividad y transparencia en las investigaciones de los homicidios del 23 de febrero.

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Aunado a ello, demanda al Gobierno de Puebla a fortalecer, en vista del incremento de la incidencia delictiva, su estrategia de seguridad, con la finalidad de proteger el patrimonio, integridad y vida de los poblanos.
Y que el ex secretario de Gobernación Fernando Luis Manzanilla Prieto, hoy diputado del Grupo Parlamentario del PES, propuso un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del Estado a diseñar e implementar políticas públicas participativas para garantizar mayor seguridad a la población.
A diferencia de los anteriores puntos de acuerdo, el del ex secretario reconoce “la actuación pronta y eficaz” de la Fiscalía, y plantea la posibilidad de elaborar un plan integral de paz y bienestar que cuente con la participación de funcionarios, legisladores, integrantes del Poder Judicial, universidades, sociedad civil, empresarios, sindicatos, medios de comunicación y congregaciones religiosas.