Decreto abre vía de revocar mandato de Claudia Rivera: IGAVIM
El observatorio ciudadano considera que una clausula puede abrir una vía en contra de la alcaldesa de Puebla.
Derivado del análisis del decreto mediante el cual el Gobierno de Estado asumió el mando de la seguridad pública municipal, el Observatorio Ciudadano IGAVIM sugiere que en la argumentación reside una de las causales previstas en la ley para ir más allá de esta decisión, iniciando incluso un proceso de revocación de mandato en contra de la presidenta Claudia Rivera Vivanco. “Si esto lo menciona la autoridad dentro de un decreto (una grave alteración del orden público), si esto se justifica y se inician los procedimientos tanto administrativos como penales por diferentes irregularidades por actos de corrupción e ineptitud (...) esto es una causa y un indicador de ingobernabilidad, por lo que podría iniciarse una revocación de mandato”, aseguró Juan José Hernández López, presidente del instituto. También lee: Barbosa y Rivera: la ruptura por la capital poblanaA decir del Gobierno del Estado, existen diversas irregularidades internas que fueron consentidas por el Gobierno Municipal que encabeza Rivera Vivanco, entre las que destaca el mantenimiento de 84 elementos que no aprobaron los controles de confianza, a pesar de ser notificado en 13 ocasiones al respecto. Además, el decreto menciona que el abandono de la labor policial se refleja en los propios resultados de las evaluaciones de permanencia, pues de documentó que algunos elementos entregaron documentación apócrifa para su ingreso, recibieron sobornos, incurrieron en actos de tortura y toleraron actividades ilícitas, lo que suma a la observada incongruencia económica y patrimonial. Estos actos de corrupción e ineptidud, aunado al incremento en la incidencia delictiva, argumenta la autoridad estatal, permite que la actividad criminal impacte de manera significativa a la sociedad, de ahí que se tome la decisión de hacerse con el mando de la seguridad pública municipal.
La impunidad es responsabilidad del estado Sin embargo, el IGAVIM también puntualiza una falla en el decreto, y es que mientras que el Gobierno del Estado asegura que la impunidad en los delitos y casos de corrupción ha construido a este escenario, la autoridad estatal omite que la impunidad se combate desde la procuración de justicia, es decir, desde las unidades especializadas de la Fiscalía General del Estado. “Lo vinculan a la corporación policial de la ciudad capital (...) reiteremos que la parte de impunidad no sólo se refiere a lo municipal sino a la procuración de justicia. Si no se tiene un fortalecimiento dentro de las fiscalías, esta parte de la impunidad también recae sobre ellos.”
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