Fundación Jenkins acusa a Barbosa de fabricar órdenes de aprehensión, el gobernador lo niega
El mandatario informó que el gobierno no dicta órdenes de aprehensión, sino los jueces.
La Fundación Mary Street Jenkins acusó al gobierno del
estado, encabezado por Miguel Barbosa
Huerta, de fabricar órdenes de aprehensión, sin pruebas, a involucrados en
conflicto UDLAP. Lo anterior, indicó, representa
un conjunto de irregularidades para apropiarse de un patrimonio privado. “La fabricación de órdenes de aprehensión sin pruebas,
patrocinadas desde el Gobierno del Estado de Puebla, demuestran un clima de persecución que tiene la finalidad de inhibir
los efectos de la suspensión para recuperar el campus de la Universidad y
evitar, a través de las amenazas, la presencia física de las autoridades
universitarias en sus instalaciones”, sentenció la Fundación. Dijo que además, constituye
un despojo con tintes de expropiación de
facto que amenaza la certidumbre de los poblanos. También lee: Asociaciones de padres de familia esperan regreso seguro a clases y sin COVID-19 De igual forma, la Fundación Jenkins informó que, ante la
persistente negativa a cumplir diversos mandatos judiciales federales por parte
de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada (JCIAP)
del Estado de Puebla, presentará
denuncias penales contra quienes resulten responsables por diversos delitos
federales cometidos en fechas recientes. Como es de conocimiento público, el pasado 16 de julio la
Fundación Mary Street Jenkins obtuvo una suspensión de amparo otorgada por el
Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil con sede Puebla, para que el campus de la Universidad de las
Américas Puebla (UDLAP), su administración y cuentas bancarias sean devueltas
de forma inmediata al único patronato legalmente constituido que preside
Margarita Jenkins de Landa. El mandamiento del Poder Judicial de la Federación tiene
efectos amplios y demuestra con claridad
una serie de violaciones a los derechos humanos, que el Juzgado Federal ha
detectado a raíz de la intervención ilegal en el campus de Cholula, en la que
participó la Policía Estatal armada. Barbosa se defiende En respuesta, el gobernador Miguel Barbosa Huerta sostuvo que el gobierno no dicta órdenes de
aprehensión, sino los jueces. “Son los jueces,
no es el gobierno”, aclaró.
Manifestó que los jueces dictan esos mandatos jurídicos “cuando hay pruebas”. |