La Fundación Mary Street Jenkins acusó al gobierno del estado, encabezado por Miguel Barbosa Huerta, de fabricar órdenes de aprehensión, sin pruebas, a involucrados en conflicto UDLAP.

Lo anterior, indicó, representa un conjunto de irregularidades para apropiarse de un patrimonio privado.

“La fabricación de órdenes de aprehensión sin pruebas, patrocinadas desde el Gobierno del Estado de Puebla, demuestran un clima de persecución que tiene la finalidad de inhibir los efectos de la suspensión para recuperar el campus de la Universidad y evitar, a través de las amenazas, la presencia física de las autoridades universitarias en sus instalaciones”, sentenció la Fundación.

Dijo que además, constituye un despojo con tintes de expropiación de facto que amenaza la certidumbre de los poblanos.

También lee: Asociaciones de padres de familia esperan regreso seguro a clases y sin COVID-19

De igual forma, la Fundación Jenkins informó que, ante la persistente negativa a cumplir diversos mandatos judiciales federales por parte de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada (JCIAP) del Estado de Puebla, presentará denuncias penales contra quienes resulten responsables por diversos delitos federales cometidos en fechas recientes.

Como es de conocimiento público, el pasado 16 de julio la Fundación Mary Street Jenkins obtuvo una suspensión de amparo otorgada por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil con sede Puebla, para que el campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), su administración y cuentas bancarias sean devueltas de forma inmediata al único patronato legalmente constituido que preside Margarita Jenkins de Landa.

El mandamiento del Poder Judicial de la Federación tiene efectos amplios y demuestra con claridad una serie de violaciones a los derechos humanos, que el Juzgado Federal ha detectado a raíz de la intervención ilegal en el campus de Cholula, en la que participó la Policía Estatal armada.

Barbosa se defiende

En respuesta, el gobernador Miguel Barbosa Huerta sostuvo que el gobierno no dicta órdenes de aprehensión, sino los jueces.

“Son los jueces, no es el gobierno”, aclaró.

Manifestó que los jueces dictan esos mandatos jurídicos “cuando hay pruebas”.