Este 1 de agosto se desarrollará la Consulta Popular, la cual es para saber si la ciudadanía quiere que se castigue o no a exfuncionarios, aunque se ha vendido como un juicio directo a los expresidentes. 

En Puebla se instalarán 2 mil 941 mesas receptoras, además de que se capacitaron a 14 mil 705 ciudadanos que participarán como funcionarios durante el ejercicio. 

Al respecto, Marcos Rodríguez del Castillo, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Puebla, defendió que a través de la participación ciudadana se puede incidir en las grandes decisiones públicas. 

Por ello, este 1 de agosto la consulta popular permitirá conocer si estamos de acuerdo que se investiguen decisiones de las y los funcionarios públicos en el pasado. 

Constitucionalmente corresponde al INE la organización de este ejercicio, por ello, el funcionario electoral garantizó que todas aquellas personas inscritas en la lista nominal podrán participar. 

“No escatimaremos esfuerzos para cuidar la salud de nuestras y nuestros funcionarios, de las y los observadores, así como de quienes acudirán a emitir su opinión”, destacó.  

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En ese sentido, dijo que se aplicarán estrictamente los mismos protocolos sanitarios de la elección del pasado 6 de julio, y quienes decidan participar lo harán en paz y en tranquilidad, pues la seguridad pública será garantizada por las corporaciones policiales federales estatales y municipales. 

“Los esperamos este 1 de agosto en la mesa receptora que corresponda a sus domicilios. Todo está listo para que las y los ciudadanos emitamos nuestra opinión”, resaltó. 

Cada mesa receptora podrá recibir la opinión de hasta dos mil ciudadanos que estén en la lista nominal, para lo cual también todas las credenciales para votar 2019 y 2020 seguirán vigentes hasta el 1 de agosto de 2021. 

La ciudadanía dará su opinión sobre la siguiente pregunta: “¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?”, a la cual las y los ciudadanos deberán responder “sí” o “no”.