¿Nos vigilan? En Puebla Barbosa Huerta contrató software espía para vigilar celulares

Su objetivo principal es el combate al secuestro, pero los datos sobre esta incidencia escasean.

Luego del escándalo nacional por el uso del software Pegasus para la vigilancia de periodistas, activistas y del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, junto con su familia. El gobernador de estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, confirmó que presentaría denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE), en contra de quienes intervinieron comunicaciones privadas en Puebla en los gobiernos anteriores al suyo.

Añadiendo que su gobierno “nunca hará ninguna vigilancia, espionaje, ni seguimiento en materia política” pero omitió algunos detalles.

De acuerdo con la investigación realizada por el medio e-consulta, Barbosa olvidó informar que su administración destinó más de 19.8 millones de pesos a la compra de equipos y capacitaciones para Geomatrix, un programa de vigilancia israelí que en México se utiliza para intervenir celulares y mensajes.

Esto a través de Neolinx de México SA de CV, intermediaria de la empresa italiana especializada en la venta de software de vigilancia, Hacking Team, con quien firmó dos contratos: el primero, el 13 de diciembre del 2019 por 18.8 millones de pesos, y el segundo, el 22 de septiembre de 2020, por 1 millón de pesos.

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De acuerdo al Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (CECSNSP) esto fue con el fin de beneficiar a la Fiscalía General del Estado (FGE) para combatir los secuestros como delitos de alto impacto, aunque no hay mucha información para confirmar este dato.

Los únicos registros son los de las Unidades Especializadas en el Combate al Secuestro (UECS) de Puebla que en su reporte anual de evaluación 2020 confirman 27 casos con 35 víctimas, lo que derivó en 113 detenciones, pero no se aclara cuántas se vincularon al uso de Geomatrix y tampoco hay datos del 2021. El informe de 2019 confirma que se cuenta con la licencia del software en la entidad, pero el año pasado no transparentaron esa información.

Los antecedentes

La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) ha documentado desde hace años la vigilancia y espionaje que existe en el país, las cuales se han realizado de manera focalizada, es decir, sobre individuos en concreto, así como de vigilancia masiva.

Desde 2016, advirtió en su estudio “El Estado de la Vigilancia: Fuera de Control” que Puebla fue uno de los clientes de Hacking Team en 2013, tras contratar por más de 7.5 millones de pesos sus servicios. Durante diciembre de 2019 y en 2020, el gobierno de Barbosa superó esa inversión.

Al menos seis dependencias a nivel federal y 14 gobiernos estatales han tenido vínculos con empresas que comercializan softwares de espionaje, de acuerdo con lo documentado por organizaciones nacionales e internacionales.

 

 

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