Los terremotos del 2017, mi experiencia en la mixteca poblana / Ruty Amigón, Centro INAH Puebla

Cuatro años después del sismo del 19 de septiembre de 2017 una gran parte de los templos del sur de Puebla catalogados como patrimonio histórico de México y que resultaron severamente afectados no se ha podido reconstruir. Las denuncias y señalamientos críticos sobre las causas del rezago no han faltado, en particular sobre el papel del Instituto Nacional de Antropología e Historia, figura principal en el proceso de reconstrucción. 

Presentamos aquí el testimonio de Ruty Amigón, Arquitecta por la UNAM, una de las supervisoras del área de Monumentos Históricos del Centro INAH Puebla sobre quienes recayó la responsabilidad de encabezar el proceso de reconstrucción de los más de 600 templos afectados por el terremoto del 19 de septiembre de 2017. Ella resume en un párrafo las condiciones en las que han tenido que realizar su trabajo:

"En suma, improvisación, ausencia de protocolos (no obstante que el INAH tiene experiencia en atender sismos), instrucciones en constante cambio, discrecionalidad en las decisiones, pugnas entre directivos, carencia de mecanismos de control y falta de transparencia en el ejercicio de los recursos provenientes de las diversas fuentes de financiamiento caracterizan desde el comienzo las acciones emprendidas por el INAH para la recuperación del patrimonio afectado por los sismos de 2017."

La reflexión crítica de la arquitecta Ruty Amigón es fundamental para entender lo ocurrido. Pero no se queda en ella la especialista del INAH: propone al final de su texto una ruta concreta para enfrentar las irregularidades y los obstáculos que en materia financiera, administrativa, técnica y organizativa han derivado en el rezago y abandono de las tareas de reconstrucción de la enorme riqueza patrimonial existente en Puebla.

Acompañamos su texto con una serie gráfica sobre la afectación por el terremoto y el proceso de reconstrucción en los templos de Chila de la Sal, Coacalco, Coetzala, Huehuetlán el Chico, Santa María y Santa Mónica Coetzala, Teotlalco y Tzicatlán.

Escombros del templo de Santiago Caballero, Chila de la Sal, 19 sep 2017. (Cortesía).

Traslado del Santiago en su pedestal en el templo de Santiago Caballero, Chila de la Sal, 19 sep 2017. (Cortesía).

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Con la pandemia a cuestas, pareciera banal hablar del patrimonio dañado por los terremotos de 2017; sin embargo, tras cuatro largos años, sigue pendiente la rehabilitación de la mayor parte de los bienes culturales que resultaron afectados. En bien de la memoria y del interés público eso obliga a un recuento de hechos.

En septiembre de 2017 emprendimos extenuantes jornadas para censar los daños causados al patrimonio de Puebla por el terremoto del día 19; la falta de planificación y protocolos nos obligó a recorrer varias veces las regiones afectadas. En octubre, registramos en el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) los inmuebles censados hasta esa fecha, aventurando un importe que en algunos casos resultó excesivo y en otros, escaso. Ejercimos los recursos parciales inmediatos (apin) con el propósito de estabilizar los inmuebles dañados. Repentinamente dejamos de atender Fonden y nos avocamos a conseguir “los recursos frescos” del seguro contratado con Banorte tiempo atrás por el INAH para atender desastres. En ese momento ni las comunidades afectadas ni nosotros teníamos idea que iban a transcurrir cuatro años, y en algunos casos incluso más tiempo, para recuperar el acceso a varios inmuebles de culto. Esto provoca inquietud e incertidumbre en las comunidades ya que los templos son esenciales para la vida social.

Durante 2018 continuamos conciliando presupuestos con base en el censo de daños realizado en forma conjunta con los ajustadores del seguro y continuamos con el singular arranque de obras que este financiaría: “¡Inicien obras, los proyectos se harán sobre la marcha!”, “¡Atiendan los templos con daños menores primero y desháganse de ese lastre!” fueron las ordenes que recibimos en un contexto de emergencia y de presión social pero sin haber proyectos, ni contratos, ni instrucciones por escrito y menos aún protocolos. Nosotros obedecimos y asumimos la supervisión técnica y la pesada carga de una irregular y endeble asignación de obras a las empresas constructoras y también su control administrativo. Más tarde ante el apremiante reclamo de parte de uno de nosotros por las responsabilidades adquiridas, además de la indefensión en la que nos encontrábamos, y seguimos, por no contar con un documento que respalde nuestro proceder, cierto funcionario solo respondió: “Para qué me hacen caso”.

En septiembre de 2018, diez meses después del inicio de varias obras, salió a flote la deficiente administración de la indemnización del seguro Banorte, con el anuncio de que ese recurso no alcanzaría para costear todas las obras que estaban en marcha. La solución que encontró el INAH fue la de excluir de esta modalidad de financiamiento una gran cantidad de inmuebles, sin importar su grado de avance, de tal forma que aquellas obras que siguieran con el financiamiento del banco contarían con la totalidad del pago, según explicaron los funcionarios involucrados. Sin embargo, no fue así y eso se evidenciaría un año después.

La discrecionalidad predominó en la elección de las obras que continuarían siendo costeadas por el seguro del banco: y la mixteca en torno a Chiautla de Tapia, epicentro del terremoto del 19 de septiembre, resultó perjudicada. El ajuste provocó incertidumbre y propició la suspensión de obras en varios inmuebles de esta y otras zonas. Los supervisores del INAH nos encontramos en medio del desánimo de las comunidades y el reclamo de los constructores y sin respuestas ante ambos. El INAH informó, verbalmente, que las obras excluidas y las no iniciadas se realizarían con cargo al Fonden. Pero ni la contratación de obras inconclusas ni tampoco las terminadas tiene cabida en el marco legal que rige la obra pública.

Eso obliga a preguntarnos: si en abril de 2018 se había conciliado con el seguro una gran parte de los presupuestos y se sabía que no alcanzarían esos recursos ¿por qué se permitió iniciar obras bajo este esquema de financiamiento aún en junio de 2018?

Templo de San Juan Bautista, Coacalco, Puebla. 10 de noviembre de 2017. (Cortesía)

Templo de San Juan Bautista en Coacalco. Septiembre de 2017. (Cortesía)

Obra en exterior del templo de San Juan Bautista, 27 de junio de 2020. (Cortesía)

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El año 2019 inició con este mensaje del director general del INAH el antropólogo Diego Prieto: ” …el instituto ha dado una respuesta comprometida, una respuesta atinada, una respuesta conducente de manera que estamos en el camino de avanzar…” aludiendo a un plan maestro que combinaría todas las fuentes de financiamiento para afrontar la recuperación del patrimonio cultural dañado. Discurso que contradecía el desalentador escenario derivado de la exclusión de obras del seguro Banorte y que obligó a retomar Fonden. Los arquitectos supervisores nos concentramos entonces en integrar las propuestas técnico económicas (expedientes) para su revisión en la CDMX, una tarea en extremo desgastante además de infructuosa y que disminuyó el tiempo que le dedicábamos a las obras en curso. Varios terminaríamos desistiendo de acudir a la CDMX, entre otras razones, por el constante cambio de criterios del personal que se contrató para examinar los costos. La mesa de revisiones comenzó a recibir a las empresas constructoras y el INAH Puebla fortaleció ese vínculo a la vez que limitó el trato con el supervisor de las obras de intervención.

En Puebla, algunos incursionamos en los dictámenes de justificación para llevar a cabo la excepción a la licitación pública (excepciones) que admite en ciertos casos la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM). Ese recurso legal se consideró una opción para resolver el problema de las obras excluidas del seguro Banorte aunque esa opción probablemente era ya extemporánea en ese momento además de que los directivos del INAH difícilmente lograban el consenso necesario para avalar esos dictámenes. Sin embargo, el INAH Puebla decidió impulsar no tres sino 40 proyectos y de esta manera las excepciones se convirtieron en prioridad durante 2019, relegando la examinación de los expedientes Fonden. La discrecionalidad nuevamente prevaleció ya que los casos de Tzicatlán y Coacalco de la Mixteca, pioneros en los dictámenes de excepción, con más del 50 % de avance el segundo y ningún pago ambos, fueron colocados al final de una relación de inmuebles, gestada en cierta oficina desde la cual, con el nuevo delegado, llegarían a controlarse todos los procesos inherentes a los sismos. El argumento esgrimido entonces, que hoy en día es habitual emplear para silenciar los cuestionamientos, fue que “la selección la realizaron en México”.

Templo de Santa María Coetzala, septiembre de 2017. (Cortesía).

Interior del templo de Santa María Coetzala, septiembre de 2017. (Cortesía).

Templo de Santa Mónica Coetzala, septiembre de 2017. (Cortesía).

Presbiterio del templo de Santa Mónica Coetzala, septiembre de 2017. (Cortesía)

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El año 2020 arrancó sin avances claros con respecto a la contratación de obras financiadas por Fonden, sin resultados sobre las excepciones y sin que el INAH transparentara la aplicación de los recursos otorgados por la aseguradora Banorte y menos aún los recibidos de terceros. Con la publicación del informe de la auditoría practicada al INAH por la Auditoría Superior de La Federación (ASF) sobre la cuenta pública 2019 supimos que la institución no comprobó debidamente los 117 millones de pesos de los 2 mil millones que el Comité Técnico del Fonden le aprobó en febrero de 2018, como parte de una primera etapa. Sin embargo, Diego Prieto aventuró que en 2020 se iniciarían todas las obras pendientes siendo que en ese momento Banorte ya había cesado los pagos a las empresas constructoras. En septiembre de 2018 se aseguraba que éstas tendrían su liquidación y por ello se excluyeron obras ya iniciadas. Ello amerita la pregunta: ¿el banco suspendió el pago de las facturas o es que continuaba el desorden en la administración de los recursos provenientes del seguro Banorte? Imposible saberlo. Lo cierto es que en esta situación aumentaron los problemas con las empresas constructoras y personas físicas, aunque la pandemia de Covid-19 permitió relajarlos y justificar el estancamiento de los asuntos con Fonden.

Por sorprendente que parezca, con todo este escenario critico narrado que se reproducía en otros centros inah con patrimonio cultural afectado por los terremotos, durante 2019 no hubo un replanteamiento del “programa sismo” del INAH. En cambio, a partir de 2020, surgieron estrategias con el objetivo primordial de pagar facturas pendientes a los constructores que solo beneficiaría en disminuir presiones al INAH, aunque ha rezagado el resarcimiento de daños. Junio trajo consigo un nuevo director en el INAH Puebla y el surgimiento del “Plan Sedatu”, llamado así porque supuestamente tal Secretaría Federal compartiría recursos no ejercidos para cubrir una parte de los adeudos que dejó el seguro Banorte. Los fondos provinieron directamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Hacienda). Sin mayores explicaciones el Plan Sedatu se convirtió en la nueva prioridad y el trabajo se enfocó en eso, relegando el problema de las excepciones y en consecuencia, se perdió el esfuerzo de casi un año de trabajo.

En este escenario CompraNet difundió que se contratarían alrededor de 170 obras para Puebla, a precios unitarios y en las modalidades que establece la LOPSRM. Se avisó también que “Sedatu” consideraba únicamente los inmuebles sin Fonden aunque al final el listado de inmuebles resultó mayor. Hay dudas sobre este proceso de contratación de obra pública y temores sobre posibles omisiones a la LOPSRM. Además ¿por qué a tres años de ocurridos los terremotos se da prioridad al pago de adeudos de ciertas empresas y se abandona a su suerte a otras, sabedores de que significaría exponer a mayores afectaciones los templos en donde se interrumpieron los trabajos?

El 27 de julio de 2021 concluyó el proceso de extinción del Fonden y de otros 108 fideicomisos. El interlocutor para fondos de reconstrucción ahora es Hacienda. No se han dado a conocer los mecanismos para acceder a los recursos, y así poder continuar con la rehabilitación del patrimonio cultural afectado. El gobierno federal, ha comunicado, que hará llegar esos fondos en forma más directa a la población y de esa manera finalmente se podrían tener avances en el rescate y restauración de los bienes culturales inmuebles y muebles dañados por los sismos.

He narrado cómo el inicio de obras con el financiamiento del seguro Banorte fue desordenado y sin formalidad legal. Quizás fue así porque lo asumieron como un trato entre particulares y los funcionarios del “programa sismo” prefirieron ser prácticos, en su respuesta a la situación crítica que dejaron los sismos, según lo ha declarado el arquitecto Salvador Camarena Rosales (coordinador nacional del “programa sismo”). Con recursos del erario público, fiscales o no, el INAH está obligado a incorporar en su plan anual de obras las destinadas a reparar los daños por sismo y a partir de esa programación gestionar los fondos necesarios. En forma tardía, en 2021, el INAH Puebla inició con el proceso de planeación, cuyos objetivos son nuevamente el pago de algunos pendientes económicos y esta vez se agrega la contratación de proyectos.

Toca el turno este año a algunos de los templos que fueron excluidos del seguro Banorte estando en obra y después suspendieron los trabajos. Sin embargo, aquellas obras con avances por abajo del 25% se considerarán como obra no iniciada y como proyecto a contratar. Es el caso del templo de Santa Mónica, en Cohetzala, así como el de Jesús de Nazareth, en Albino Zertuche y el de Santiago Caballero en Chila de la Sal, entre otros. Ante tal decisión cabe preguntar: ¿Dónde queda la empresa que aceptó la invitación del INAH a colaborar en el resarcimiento de daños, en condiciones riesgosas para su inversión, costeando, a pesar de ello, estudios de suelo y estructurales para un proyecto de intervención, además de trabajos preliminares y algunos de consolidación?, ¿Dónde quedamos nosotros, los supervisores, que fuimos el enlace, y dónde la credibilidad del INAH? ¿Cómo piensa el INAH resolver los problemas legales que surgirán? 

Por otro lado, otros inmuebles que se excluyeron del seguro Banorte con un avance significativo continuarán relegados y a la espera de que se resuelva su situación como es el caso del templo de San Lucas en Tzicatlán y Santiago Apóstol en Coacalco, ambos situados en la Mixteca, así como varios más en distintas regiones y entidades. Los templos con daños estructurales severos también tendrán que esperar un tiempo indefinido para ser intervenidos aumentando con ello el descontento de las comunidades, los daños y los costos. Más grave aún, alargado el tiempo sin intervenirlos, esos inmuebles pueden resultar irrecuperables. El frecuente anuncio de estudios en marcha para elaborar los proyectos de intervención, algo que ya suena para algunos pueblos como pretexto, no apaciguará la inconformidad de esas comunidades.

Sagrario, Huehuetlán el Chico, marzo de 2018. (Cortesía).

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En suma, improvisación, ausencia de protocolos (no obstante que el INAH tiene experiencia en atender sismos), instrucciones en constante cambio, discrecionalidad en las decisiones, pugnas entre directivos, carencia de mecanismos de control y falta de transparencia en el ejercicio de los recursos provenientes de las diversas fuentes de financiamiento caracterizan desde el comienzo las acciones emprendidas por el INAH para la recuperación del patrimonio afectado por los sismos de 2017. Un escenario caótico que ha repercutido en obstaculizar el acceso a los recursos y en consecuencia en rezagar el resarcimiento de los daños.

Como resultado, el descontento de las comunidades afectadas va en aumento. Sobre el INAH Puebla, además, flota una densa bruma que no permite distinguir quién en realidad toma las decisiones en ese centro regional. Sus autoridades parecieran no comprender que un ambiente de acoso laboral no ayuda a nuestro compromiso institucional de salvaguardar el patrimonio cultural.

El drástico freno que el “programa sismo” experimentó debido a la exclusión de obras iniciadas bajo cobertura del seguro Banorte a poco menos de un año de ocurridos los terremotos, y el impacto que generó la suspensión de pagos por parte del banco a finales de 2019 e inicios de 2020, no se tradujo en alguna reestructuración del “programa” sino en remedios e improvisaciones con la sola intención de atenuar la presión por impagos de los constructores y sus representantes gremiales. Así, los funcionarios del INAH neutralizaron las demandas que se cernían sobre el instituto, pero descuidaron el avance de los trabajos de intervención en el patrimonio dañado.

La auditoría al desempeño que la ASF practicó al INAH sobre el Fonden y la cuenta 2019 reportó un subejercicio del 95.5 % del presupuesto que el Comité Técnico del Fonden aprobó: 2, 637.6 millones de pesos en febrero de 2018 como parte de una primera etapa. ¿Por qué solo se dispuso de 117.56 millones? La ASF concluyó que: “…no acreditó contar con una metodología y mecanismos para la evaluación e identificación de las afectaciones con criterios e indicadores para la gestión de las intervenciones; con instrumentos para su supervisión; ni con la documentación que comprobara la ejecución de esas acciones, por lo que no sustentó el avance en la atención de los bienes culturales dañados, ni su contribución en la preservación de sus características y valores patrimoniales…”. Este dictamen confirma que el dinero estuvo disponible pero el INAH no cumplió con todos los requerimientos para continuar accediendo a estos fondos.

El INAH, sin embargo, anuncia públicamente que existe un 60% de avance en la rehabilitación del patrimonio dañado por los sismos. Pero, tal cifra está basada en números absolutos y solo considera la rehabilitación del edificio y no la de los bienes muebles. En esta valoración cuenta por igual un inmueble que resultó con pocos daños que otro con afectaciones estructurales graves e incluso derrumbes. Estos casos requerirán de mayor tiempo para rehabilitarlos y si la mayoría de edificios que restan por atender tienen daños críticos el avance real es considerablemente menor al porcentaje declarado. La situación empeora si se toma en cuenta que muy pocos bienes muebles se han atendido. Por tanto, los números absolutos no son indicadores confiables para medir los avances. En similar equívoco se suele incurrir al comparar el avance en el resarcimiento de daños por sismo entre diferentes zonas ya que no se toma en cuenta el tipo de daños predominante, ubicación geográfica, los rasgos de su territorio ni sus condiciones climáticas.

Interior del templo de Jesús de Nazareth. 20 de enero de 2018. (Cortesía)

Andamio en el interior del templo de Jesús de Nazareth. Octubre de 2018. (Cortesía).

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En octubre de 2017, Puebla inscribió en Fonden 420 inmuebles afectados pero el censo final alcanza la cifra de 621. Diez arquitectos recorrimos las diferentes zonas de la entidad para dar seguimiento técnico y administrativo a las obras de resarcimiento de daños. Cada arquitecto supervisor debió hacerse cargo de 62 inmuebles. Es una cantidad excesiva si se toman en cuenta los proyectos, la supervisión normativa y el absorbente seguimiento y control de los trabajos. El apoyo institucional, por otra parte, ha sido, casi nulo. Los inmuebles afectados y bajo nuestra responsabilidad corresponden a las zonas del estado que atendíamos antes del terremoto o al interés particular por cubrir esta u otra zona. Fue así como alguno llegó a sumar más de 100 inmuebles y otro 25 bajo su responsabilidad. La situación es más compleja para las cinco restauradoras del INAH Puebla porque han tenido que acompañar el trabajo de más de un arquitecto.

La supervisión que llevamos a cabo hasta ahora ha sido insuficiente, incluso deficiente, para regular debidamente los procesos de intervención en los inmuebles asignados. Hemos recibido auxilio temporal de algunas personas para sobrellevar la carga de actividades, pero no ha bastado. El 5% para los gastos de operación que el seguro Banorte y el INAH convinieron incluir en los presupuestos conciliados se empleó en parte, para compensar a esos colaboradores. El Arq. Salvador Camarena ha explicado en medios que al presupuesto conciliado se le agregó un porcentaje que en Puebla fue del 25%, y según lo indicado debió distribuirse así: 5% para gastos de operación, 5% para proyecto y 15 % para estudios de suelo, estructurales y para trabajos adicionales o extraordinarios. En los hechos la repartición fue flexible. A los constructores se les comunicó que deberían entregar ese importe a los supervisores. Durante 2019 y aún en 2020, el 5% debió compartirse con el departamento jurídico y lo reclamaron también desde la CDMX. Se dijo que era para financiar el pago de salarios del personal contratado para la revisión de los expedientes Fonden.

Además de las cuestiones técnicas, la supervisión encara aspectos sociales. Normamos los trabajos en los inmuebles, pero también atendemos a la población con la cual establecemos lazos y lealtades. Cuando logramos concluir una obra se fortalecen vínculos con la comunidad, pero si ésta no logra realizarse, la bienvenida y esperanza inicial se traduce en rechazo. En algunas comunidades nos reclaman que el INAH solo se dedica a levantar reportes mientras sus templos siguen en el abandono y destruyéndose. Otros nos advierten que procederán a demolerlos. Les explicamos que los supervisores somos el último eslabón de una larga cadena de decisiones en la institución, pero es inútil, el deterioro de la credibilidad en el INAH es irreversible. Es lamentable que los directivos del Instituto involucrados en el “programa sismo” se muestren insensibles a estas situaciones y no alcanzan a comprender la disgregación que experimentan las comunidades a causa de la privación de sus templos. Y tampoco muestran comprensión sobre los riesgos que asumimos los que interactuamos con ellos en estas condiciones.

Por otro lado, con el desordenado inicio de obras se descuidaron los aspectos legales y técnicos. Esto propició la problemática relacionada con las empresas constructoras. Abonaron a esta situación la deficiente administración de los recursos, así como el descuido con el que se trataron los asuntos Fonden. Todo ello resultó en pendientes económicos con diferentes firmas y la existencia de obras concluidas e inconclusas con adeudos, debido a la interrupción de pagos por parte del banco. Existen también obras inconclusas sin ningún pago por haber sido excluidas del financiamiento bancario. Algunas constructoras han declarado estar al borde de la quiebra por la falta de pago. Otras, para obtenerlo, se encuentran empantanadas en un tortuoso proceso burocrático, plagado de ajustes sin fin a la documentación requerida.

Pero si bien la informalidad legal produjo un entorno riesgoso que hoy en día amenaza con afectar a varias firmas, como es el caso de algunas en la Mixteca, a quienes se les pretende desconocer su inversión en proyecto y obra, asimismo ha favorecido que otros cometan excesos y abusos: como el acaparamiento de dos o más decenas de obras mediante dos razones sociales de un mismo dueño, favorecido por la falta de regulación  del instituto; y como el del templo de San Agustín, en Chiautla de Tapia, en donde la empresa después de recibir el 80 % del presupuesto y comprobar poco menos del 50%, abandonó la obra, amenazando con demandar al INAH si no obtiene el 20% restante. Sin embargo, el instituto no contempla aún ninguna acción legal para frenar la voracidad de constructores fraudulentos que han socavado el presupuesto de algunos inmuebles.

Otro aspecto más de la problemática con los constructores resulta de la ausencia de proyecto y propuesta económica, con lo cual se contó hasta bien entrada la obra, así como de la insuficiente supervisión: algunos trabajos se realizaron a iniciativa sólo de los constructores y no implican daños por sismo, pero se pretenden cobrar como tal. Existen casos en los cuales el catálogo de obra incluye volúmenes dudosos y costos sin justificar lo cual lleva a suponer que, si se hiciera una revisión rigurosa de lo realizado, es probable que a varios no se les deba y otros tendrían que devolver una parte de lo recibido. Este conjunto de situaciones deriva en una gran parte del enfoque “práctico” con el cual se arrancaron las obras del “programa sismo”.

Cúpula del templo de Teotlalco. (Cortesía).

Interior del templo de Teotlalco. (Cortesía).

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No tenemos certeza de cuando podrían iniciarse los trabajos en los inmuebles inconclusos y en los que aún no se atienden en absoluto. Podrían transcurrir varios años debido a la compleja situación que acabo de describir. Las comunidades de la Mixteca en la vecindad de Chiautla están buscando otras opciones para llevar a cabo la rehabilitación de sus templos. Algunas han decidido empezar la obra con recursos propios y solicitan nuestro acompañamiento. Otras han comenzado a tocar puertas en diferentes dependencias del gobierno estatal y federal. Un caso particular son los templos de Tzicatlán y Teotlalco, obras suspendidas como resultado de su exclusión del financiamiento por el seguro, con un significativo avance y ningún pago. La Arq. Magnolia González Loeza quien comenzó a intervenirlos, donará su inversión para que ambas comunidades no enfrenten obstáculos para reactivar la obra con recursos propios. 

Para solventar el costo de la intervención y restauración de los templos existe también la opción de involucrar a otros sectores y que no sea sólo responsabilidad del gobierno. Lo cual podría acortar el tiempo de recuperación del inmueble y la comunidad retornar a su normalidad. Es una pena, sin embargo, que ni el Programa Nacional de Reconstrucción ni tampoco Foremoba representen por ahora una alternativa.

Templo de San Lucas Tzicatlán, municipio de Huehuetlán el Chico. (Cortesía)

Afectaciones en el tmplo de San Lucas Tzicatlán. (Cortesía)

Conclusión

A todas luces el INAH enfrenta dificultades para llevar a cabo la contratación, así como el seguimiento y control administrativo de las obras vinculadas con los terremotos no obstante las experiencias previas con sismos, como el de 1999. No ha sido como institución ejecutora de obra pública a tal escala. Una opción podría ser un convenio de colaboración con otras dependencias de gobierno que se encarguen de la contratación, seguimiento y control de los trabajos de intervención pendientes.

Urge reconstruir la confianza de la sociedad en el INAH, tan minada por la pobreza de los avances en la recuperación del patrimonio afectado por los sismos de 2017. Es preciso que esta noble institución, vital para el país, continúe sólo a cargo de la supervisión técnico normativa de las obras de intervención, ya que no cuenta con el personal experto suficiente en materia de obra pública. Pero si es inevitable que siga al frente de la gestión de los recursos y de los procesos de contratación además del control administrativo de las obras, se recomienda una reestructuración a fondo del “programa sismo” para lo cual es fundamental considerar los aspectos siguientes:

Que exista un equipo técnico, administrativo y jurídico, conocedor del marco legal de la obra pública y de la normatividad del INAH, encargado de la contratación, seguimiento y control de las obras de intervención por cada estado con daños.

Para Puebla, que tal equipo de expertos sea independiente del departamento jurídico y que su contratación no esté manejada por éste.

Que los arquitectos y restauradores del INAH sólo se dediquen a los aspectos técnico normativos de las obras de intervención para inmuebles y muebles.

Para Puebla: que se retomen las reuniones de trabajo conjuntas entre las áreas de arquitectura y restauración y se involucre a otros departamentos: antropología social y arqueología, entre otras que son sustantivas en la misión del INAH.

Finalmente, cuatro largos años han transcurrido desde los terremotos y continua sin rehabilitarse la mayor parte del patrimonio inmueble y mueble dañado. Los responsables de los equívocos y decisiones erradas que han repercutido en el avance son el director general y el equipo del “programa sismo”. Por tanto, reitero la exigencia que hice hace dos años: el antropólogo Diego Prieto y sus directivos deben disculparse con las comunidades afectadas por los sismos, y con el país, por haber sido incapaces de cumplir con una de las misiones sustantivas del INAH, la conservación del patrimonio, propiciando con ello mayor descrédito a la institución.

Septiembre de 2021.