Regular el trabajo sexual en Puebla: zonas de tolerancia o sacarles de las calles

La ciudad de Puebla enfrenta un debate con la llegada de una administración conservadora: regular el sexo servicio. En sus primeros días de gobierno, Eduardo Rivera (PAN) tendrá dos opciones que afectará a cientos de trabajadoras y trabajadores sexuales.  

Crear una zona de tolerancia en Centro Histórico o sacar a los trabajadores sexuales de las calles. 

Uno de los políticos que recién presentó un plan fue el regidor panista Miguel Ángel Mantilla, presidente de la Comisión de Gobernación del Municipio de Puebla, quien propondrá ante cabildo distintas zonas de tolerancia. Con el argumento de evitar la trata de personas. 

El proyecto consiste en apartar el sexo servicio de las calles del Centro Histórico de Puebla, y enviar a los trabajadores sexuales a casonas, moteles o casas de citas. 

Mientras que el alcalde panista Eduardo Rivera representa la postura más extrema, de no permitir el sexo servicio en el Centro Histórico; sin embargo, se comprometió a negociar con organizaciones de sexo servidoras que exigen una zona de tolerancia en Puebla. 

En este sentido Cinthya Ramírez, vocera de Red Define Puebla, indicó que cualquier iniciativa que llegue a tomar el cabildo, que sea en pro de este sector, es buena idea; pero, señaló que los regidores tendrían que escuchar primero las demandas o peticiones que tengan para poder implementar una regulación que sea adecuada para ambos grupos.  

En entrevista para El Popular, la vocera de Red Define aseguró que las únicas personas que pueden emitir una opinión sobre el tema de la regulación de la prostitución son las mujeres y hombres que se dedican a este giro.  

“Se plantean muchas ideas sobre el tema, sin escuchar a las trabajadoras sexuales, que mejor que escucharlas y atenderlas también en sus demandas, también el miedo que tienen a la represión policíaca y a las violencias también que han vivido”. señaló.  

María de Lourdes Hernández, representante de la Unificación de Sexoservidoras, indicó que ya ha solicitado una zona de tolerancia para ejercer el sexo servicio al alcalde Eduardo Rivera Pérez, pero no han llegado a un acuerdo. 

Señaló que no les molesta la reubicación, pero piden una mejor regulación ya que con frecuencia sufren de hostigamiento por parte de la policía. Quienes en ocasiones “les piden favores” para no ser arrestadas.  

"Estamos dispuestas a salirnos de las calles, pero tenemos necesidad de trabajar, porque todas las compañeras son madres solteras, necesitamos trabajar, pedimos al gobierno que nos apoye, queremos una zona de tolerancia, al nuevo presidente queremos que haga su labor social con nosotros”, dijo. 

Lourdes comentó que ella trabaja como sexo servidora desde los 15 años- actualmente tiene 40 años. Comenzó a trabajar en este rubro porque no contaba con los estudios necesarios para encontrar otro trabajo que le permitiera ganar lo suficiente para apoyar a su familia.  

Contó que, en 1996, las cosas no eran tan estrictas como ahora, pues la policía y el ayuntamiento no te decían nada y podías trabajar en las calles que “ya estaban permitidas”. 

Todo se complicó durante la administración de Mario Marín, cuando se intensificaron los operativos para sacarlas de las calles. Mientras que, en la primera administración de Eduardo Rivera en 2011, el panista prometió terminar con la prostitución en las calles de Puebla.   

El alcalde panista cumplió, pues Lourdes recuerda aquellos días que se intensificaron los operativos para sacarlas de las calles.  

En términos legales, Puebla cuenta con un “Reglamento de la Prostitución”, una reglamentación que no ha sido actualizada desde 1928. Ya que ningún Cabildo ha regularizado en su totalidad el sexo servicio en la ciudad.  

La criminalización del trabajo sexual prevalece 

Hace unos años, personas que se dedican al trabajo sexual comenzaron los primeros movimientos para terminar con el estigma que prevalece en México. Los avances para el gremio han sido significativos para que se dejaran de violar sus derechos humanos, 

Ahora es poco frecuente que se realicen operativos policiales para detener arbitrariamente a trabajadoras sexuales, señala la directora nacional del Movimiento de Trabajo Sexual de México (Motrasex), Lola Dejavú Delgadillo Vargas, en entrevista para El Popular. 

Cuando ella comenzó a ejercer el trabajo sexual en los noventa, la policía protagonizaba una intensa persecución contra esta actividad con el pretexto de que a través de la prostitución se propagaban infecciones de transmisión sexual. 

“Nos detenían con el pretexto de que estábamos contagiando el Sida, así decían las multas que se pagaban para poder salir de la cárcel, a veces simplemente por traer condones en la bolsa; y cada vez que hacían operativos nos golpeaban, nos detenían por mucho tiempo, y aparte de eso, en muchas ocasiones nos llegaron a violar”, cuenta. 

La arbitrariedad y los operativos han disminuido considerablemente, pero el estigma y la criminalización prevalecen de otras formas, asegura Delgadillo Vargas.  

Los operativos y las violaciones de derechos ya no son frecuentes, detalla la trabajadora sexual, pero aún se continúan realizando, especialmente en estados que tradicionalmente son conservadores, como Puebla, Querétaro, Guanajuato. 

En algunos lugares del país para ejercer el trabajo sexual, las autoridades solicitan estudios o análisis de salud para verificar que la persona no sea portadora del VIH; algo que, apunta Lola Delgadillo, es inconstitucional, pues de acuerdo con la legislación mexicana, ninguna persona está obligada a presentar esta información para ejercer algún trabajo.  

Hay mucha reglamentación, pero pocos derechos, refiere; los derechos de las trabajadoras sexuales “en el país están por los suelos”, pues al ser parte de un sector informal su acceso a la salud, a la vivienda o a un fondo de retiro es limitado.  

También hay que agregar que en ocasiones no pueden trabajar para cubrir sus necesidades básicas —incluso de personas que económicamente dependen de ellas— por las prohibiciones, las agresiones (verbales, físicas, sexuales), la criminalización y el estigma provenientes no sólo de las autoridades, sino también del resto de la sociedad.  

“Hemos avanzado, nos respetan más. Sí, pero cada vez que vamos teniendo un avance, frentes como el feminista abolicionista, el de derecha o el religioso aparecen y nos vuelven a atacar o piden que no se nos reconozcan nuestros derechos”, puntualiza Delgadillo Vargas. 

No es prostitución ni sexo servicio, es trabajo sexual 

En las últimas décadas las personas trabajadoras sexuales han buscado el reconocimiento del trabajo sexual como un trabajo más y no como una práctica o actividad vinculada con los estigmas y la ilegalidad. 

Con el reconocimiento del trabajo sexual como trabajo y su regulación, explica Delgadillo Vargas, mejorarían las condiciones laborales, sociales, económicas y de seguridad de las personas que realizan esta actividad y se evitarían detenciones arbitrarias, operativos y demás violaciones a los derechos humanos que aún sobreviven bajo estigmas morales. 

“El trabajo sexual se reconoce desde el inicio de la humanidad y siempre hemos existido, pedimos un respeto, pedimos que no se nos persiga, que no se nos criminalice y que realmente se reconozca que siempre hemos estado ahí, no somos víctimas, somos personas trabajadoras y que siempre seguiremos luchando por nuestro trabajo”, dijo. 

Con la regulación del trabajo sexual —destinando, por ejemplo, una zona específica en las ciudades en donde se puedan ofertar los servicios sexuales o de acompañamiento— se evitarían las arbitrariedades, en teoría, y las trabajadoras sexuales tendrían mejores condiciones laborales y de seguridad, aún si la actividad fuera fiscalizada (pago de impuestos), algo con lo que estarían de acuerdo, expone la directora del Motrasex. 

Lee también: Realizan marcha por el Día de la Eliminación de la Violencia contra la mujer

“Nosotras estamos a favor de la regulación siempre y cuando esta regulación sea a favor y reconozca todos nuestros derechos, como con un trabajador regular. Por ejemplo, si yo voy a estar pagando impuestos quiero tener Infonavit, quiero tener seguro, quiero tener un Afore, o sea todos los derechos que han logrado”. 

Para ir en el camino de la regulación es necesario acabar con los estigmas que hacen ver a esta actividad como todo menos como un trabajo, dice Lola Delgadillo, quien refiere que legalmente las trabajadoras sexuales son reconocidas como trabajadoras no asalariadas, es decir que no reciben un pago específico por sus actividades, lo mismo que un comerciante o un mariachi. 

“Nuestro cuerpo es nuestra herramienta, utilizamos nuestro cuerpo y nuestras habilidades para obtener un beneficio económico, igual que un albañil, una cocinera o un médico” 

Por otro lado, Delgadillo Vargas enfatiza que es importante diferenciar al trabajo sexual de otros conceptos vinculados con las actividades sexuales remuneradas: prostitución, sexo servicio y trabajo sexual no es lo mismo. 

La prostitución no es autónoma, está ligada con el control de alguien más, con una madrota o un padrote, “vividores de las trabajadoras sexuales”, que obtienen un beneficio económico tras obligar a las personas a ofrecer sus servicios; a esta práctica también se le conoce como trata de personas. 

Por su parte, el sexo servicio está ligado a la idea de la servidumbre, lo cual podría provocar que se interpretara como esclavitud. Por eso, menciona Lola Delgadillo, las trabajadoras sexuales han optado por utilizar el término trabajo sexual en su lucha por sus derechos laborales y humanos. 

“Eso es lo que estamos luchando actualmente, que se reconozca todo el tiempo que llevamos peleando por nuestros derechos laborales, que al final de cuentas también son derechos humanos. Somos personas, no somos genitales caminando para que la gente piense que nada más nos dedicamos al sexo y que no merecemos nuestros derechos humanos”. 

1800. Se crea el primer padrón de prostitutas en Puebla. 

Las prostitutas o damas de compañía comienzan a registrarse en el padrón, alrededor de 1890 y hasta finales de los años 20’s. 

De acuerdo con los registros, de 1873 a 1928, el Cabildo poblano aprobó la zona de tolerancia en el Centro Histórico, rumbo al barrio de San Antonio, implementando reglas para el trabajo sexual, los vigilantes de las casonas, los médicos y los policías. 

En 1928, se establece el Reglamento de la Prostitución del municipio de Puebla, que sigue siendo vigente, aunque sus disposiciones no se aplican a la realidad de la Angelópolis. 

Se tiene entendido que, los lugares en donde se podía tener dicho servicio eran a las afueras de la ciudad, donde se encontraban las pulquerías, centros nocturnos de baja categoría o que no tenían permitido establecerse en la zona centro de la capital. 

Según datos del archivo histórico del ayuntamiento, hay constancia de que la mayoría de las prostitutas eran jóvenes mexicanas y algunas de nacionalidad francesa. 

Las chicas eran empadronadas por medio del “sistema francés” de Parent Duchatelet, el cual, registraba a las prostitutas con datos de fácil acceso para los elementos de la policía, como la edad, color de cabello y nariz, e iba acompañado de una fotografía. 

El modelo planteado por Parent perduró por más de siete lustros: desde el imperio de Maximiliano hasta el gobierno de Cárdenas. 

Con la llegada de la Revolución Mexicana, queda olvidado el registro de prostitutas; el conflicto interno, que duró 10 años, no permitió que este oficio se continuara regulando. 

1936. El barrio de San Antonio, la primera zona de tolerancia. 

El barrio de San Antonio fue el primer asiento del sexo servicio angelopolitano, tal vez desde la época colonial, durante la primera mitad del siglo XX alojó centros nocturnos de diversas categorías; se cuenta que Agustín Lara tocaba el piano en uno de ellos, y también que una meretriz le causó la herida cuya cicatriz llevó en la cara hasta su muerte.  

Este sitio duró como zona de tolerancia o zona roja alrededor de 30 años.  

1958. Se hace la profilaxis en Puebla. 

En noviembre de 1958 se hace “la profilaxis” o limpia en la capital poblana, encabezada por el presidente municipal Francisco Rodríguez Pacheco y el arzobispo Octaviano Márquez y Tori.  

Está constó de sacar a todas las prostitutas del barrio de San Antonio y de los hoteles que estaban alrededor, para que, con la ayuda de bomberos de la capital, se tallaran paredes, pisos y se eliminará cualquier vestigio de que en ese lugar existió una zona de tolerancia. 

1960. Se crea una nueva zona de tolerancia. 

En la década de 1960 se trasladó la “zona” a “La 90” Poniente, en un área construida y planificada para tal fin, que, en ese entonces, todavía no era alcanzada por la conurbación. Después de graves ilícitos ocurridos, “La 90” fue clausurada y la prostitución se esparció por toda la ciudad. En realidad, nunca se concentró totalmente. 

De los 90´s a la actualidad. Así cambiaron las reglas de trabajo: 

La prostitución continuó buscando su camino y los lugares en donde las chicas pudieran “trabajar” sin ser molestadas, por lo que a partir de la “limpia”, se comenzaron a esconder y a tener “códigos” para laborar de manera más discreta. 

En la década de los 90’s el Regidor, Jorge Murad, quien era coordinador de la Comisión de Salud del Ayuntamiento de Puebla, dio cuenta de la existencia de 27 sexoservidores en el municipio, de los cuales sólo entre 400 y 500 eran hombres y el resto pertenecía al sexo femenino. 

En administraciones de Rafael Cañedo y Gabriel Hinojosa, es decir, entre 1993 a 1999 se realizaron foros y pláticas para volver a crear un padrón y colocar a las prostitutas en lugares fijos, sin embargo, esto jamás se concretó.  

Para el 2000, con la llegada de Mario Marín los números de trabajadoras sexuales disminuyeron notoriamente, pues solo se tenía un censo de 8 mil, lo cual constituyó solamente maquillaje de las cifras, pues en la administración priísta, se anunció también un foro para el problema de la prostitución, el cual sólo fue una consulta deficiente que careció de resultados. 

Por su parte, Luis Paredes, declaró que, en el mes de marzo de 2002, que al igual que sus predecesores, se llevaría a cabo otro foro sobre la prostitución, en el que se haría lo que la ciudadanía determinara, desde la instalación de una “zona” para su ejercicio “intramuscular”. 

Enrique Doger y Blanca Alcalá no hicieron ruido del tema y pasó desapercibido, mientras que en 2011 con la llegada del panista Eduardo Rivera, se llegó al acuerdo de cambiar a las prostitutas a hoteles y casa de citas. Sin embargo, el arreglo se terminó al acabar su periodo como edil.  

El tema nuevamente fue olvidado por las siguientes administraciones, quienes no le dieron mayor relevancia.  

Hasta ahora, que el alcalde Eduardo Rivera, nuevamente tiene que lidiar con el tópico de regular y reubicar a las trabajadoras sexuales de la capital poblana. 

Fuentes:  

David Huitrón  

Archivo General Municipal de Puebla