A nivel legislativo, la movilidad y la seguridad vial en México tuvieron un avance significativo este martes cuando el Senado de la República aprobó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

Aunque aún falta la aprobación en la Cámara de Diputados, el dictamen favorable del Senado representa una victoria para las múltiples organizaciones civiles de movilidad de todo el país que desde hace seis años han impulsado esta ley.

“Esta aprobación es un gran avance para alcanzar nuestro objetivo. El hecho de que la ley se convierta poco a poco en una realidad es solo el inicio de todo el trabajo que tenemos por delante en los 32 estados de la república mexicana para lograr el acceso a una movilidad segura al que todo México tiene derecho”, señaló en un comunicado Areli Carreón, activista por la movilidad e integrante de la coordinación de la Coalición Movilidad Segura.

La Coalición de Movilidad Segura agrupa a colectivos, familiares de víctimas de accidentes viales y expertos en movilidad y seguridad vial provenientes de todo México.

Entre las organizaciones de Puebla que son parte de la coalición se encuentran Transporte Digno Puebla, Puebla Vigila A.C, Iniciativa por la Movilidad sustentable y segura, MANU VIVE AC, Espacio Público, Filosofía y Letras, Consejo de Participación Ciudadana de Movilidad del municipio de Puebla, Ciudad Activa, Cholula en Bici y Visión urbana 2029.

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Con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial se busca garantizar el derecho de las personas a la movilidad, plasmado en el artículo cuarto de la Constitución Mexicana, e “impulsar las condiciones para una seguridad vial integral en materia de movilidad que sea además eficiente, accesible, sostenible y de calidad”.

Pero sobre todo, se buscan frenar las muertes y lesiones graves ocasionadas por siniestros viales. En promedio, cada día mueren 44 personas en México a causa de accidentes de tránsito.

Entre las medidas incluidas en la normativa se encuentran la elaboración de políticas de movilidad que prioricen a peatones, ciclistas y usuarios de vehículos no motorizados, el diseño de vías públicas que incorporen criterios que preserven la vida, seguridad y dignidad de las personas.

Asimismo, la revisión e inspección de la infraestructura vial por parte de las autoridades en movilidad, y la asesoría, atención médica y reparación del daño para las víctimas de siniestros viales