Uber logra suspensión de control de precios impulsado en Puebla

La obtención de la suspensión de los efectos y consecuencias, protege la libre competencia y brinda claridad sobre el modelo de negocios de las plataformas

Mediante un comunicado, la empresa Uber dio a conocer que un juez federal concedió a la plataforma la suspensión provisional del Acuerdo que fija tarifas máximas para el servicio de Transporte en su modalidad de Servicio Ejecutivo en Puebla, después de interponer amparo al mismo.

“Continuaremos trabajando diariamente para que los socios conductores que escogen conducir con la app de Uber en Puebla, y en todo México, encuentren en nuestra plataforma una alternativa flexible para generar ganancias y estén tranquilos de que su actividad no se verá impactada por este tipo de medidas” declaró la directora general de Viajes Compartidos de la empresa, Gretta González.

Añadió que la obtención de la suspensión de los efectos y consecuencias, protege la libre competencia y brinda claridad sobre la naturaleza del modelo de negocios bajo el que operan las plataformas de movilidad privada, rigiéndose por las leyes de la oferta y la demanda.

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El amparo se fundamentó en los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la propia Comisión Federal de Competencia Económica, que han establecido que los servicios de transporte privado intermediados por las plataformas tecnológicas son una categoría distinta, que no debe estar sujeta a la regulación pensada para los operadores tradicionales de transporte público, ni ser objeto de disposiciones que limiten la libre competencia, como la fijación de tarifas.

La suspensión provisional ordenada por el juez demanda a las autoridades del Estado de Puebla abstenerse de aplicar el Acuerdo de tarifas a los viajes intermediados exclusivamente por socios conductores registrados en la app de Uber, mientras se obtiene la decisión definitiva.

El Acuerdo expedido por la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla pretendía establecer tarifas máximas a cobrar por los servicios privados que las aplicaciones digitales intermedian, como si estos fueran servicios de transporte público.

 

 

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