Según un documento en poder de Proceso, el objetivo tras la embestida legal y policiaca organizada por Miguel Barbosa al patronato de la Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ) -que controla la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y la fundación del mismo nombre- es uno solo “recuperar más de 720 millones de dólares”.

De acuerdo con su investigación, el gobierno estatal de Barbosa recibió del despacho del panista Roberto Gil Zuarth, un guion muy claro, donde se detalla “la serie de procedimientos y actos administrativos requeridos para llevar a cabo la remoción de los miembros del Patronato de la FMSJ” y lograr la “investigación y recuperación internacional de activos”.

El despacho Accuracy Legal & Consulting, SC, prometió al equipo de Barbosa que, una vez lograda la “remoción de los actuales patronos” de la fundación, “el estado de Puebla podrá recuperar más de 720 millones de dólares”.

Este monto representa el valor del patrimonio de la fundación, el cual consta de 18 inmuebles, acciones de tres empresas -entre ellas, la UDLAP-, un helicóptero, pinturas, esculturas, obras de arte, mobiliario y automóviles.

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Desde febrero de 2018 que fue fundado el despacho de Zuarth, este comenzó a alentar al gobierno poblano a apoyar a Guillermo Jenkins de Landa en el pleito legal que inició en 2016 contra su madre y hermanos –miembros del patronato–, a quienes acusaba de desviar el patrimonio de la fundación.

De igual manera, lo instó a lanzar las instituciones del Estado contra ellos mediante un “juicio de lesividad”.

Consejos que Barbosa sí siguió: su gobierno acusó a los integrantes del patronato de saquear 720 millones de dólares de la fundación; los destituyó en abril de 2021 y designó otro patronato, y en junio último lanzó a la Policía Estatal para tomar las instalaciones de la UDLAP –también sede de la FMSJ–, que desde 2017 estaba embargada por el Sistema de Administración Tributaria por un crédito fiscal de 650 millones de pesos.

Desde agosto del año pasado la FMSJ denunció que Gil Zuarth diseñó la estrategia de “persecución política” contra el patronato para “apropiarse” de la UDLAP. El documento – el cual es una presentación de 35 cuartillas- que tiene en su poder Proceso confirma esta participación del panista en un pleito que ya desbordó el ámbito privado y las fronteras estatales.