A ocho años de la muerte de su hijo a manos de policías estatales que reprimieron al pueblo de San Bernardino Chalchihuapan el 9 de julio de 2014, la señora Elia Tamayo pidió al gobernador, Miguel Barbosa, su intervención para que el caso de su pequeño se esclarezca.

La madre de José Luis, Elia Tamayo, declaró que han sido pocos los avances que se han tenido, a pesar de que hace dos años se reabrió la carpeta de investigación.

Y es que, la muerte del pequeño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo en un operativo contra pobladores de Chalchihuapan, removió las fibras más profundas de la entidad poblana. Pero, ¿qué fue lo qué pasó hace 8 años? y ¿por qué?

La Ley bala

Todo comenzó con la polémica de la “Ley bala”, o “Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza Pública” enviada por el ex gobernador Rafael Moreno Valle y aprobada el 19 de mayo del 2014 con 32 votos a favor y cinco en contra.

Dicha ley prometía protocolos para hacer prevalecer el “orden colectivo” privilegiando “el diálogo, la persuasión o la advertencia”, además contemplaba el uso de armas no-letales por parte de los policías, como última medida para defenderse a sí mismos o a terceros de agresiones en una manifestación.

Esto permitió que la policía estatal tuviera la permisiva de actuar libremente y usar la fuerza, durante las manifestaciones que se presentaran en la entidad poblana. Algo que provocó uno de los hechos más oscuros en la historia de Puebla.

La tragedia de San Bernardino Chalchihuapan

La tragedia de San Bernardino Chalchihuapan trascendió no solo en la entidad poblana; la noticia también llegó a las primeras planas nacionales e internacionales, por la crueldad en la que murió un joven de apenas 13 años de edad.

La causa de la muerte fue por el impacto de una bala de goma, disparada por los elementos de seguridad estatal, que intentaban dispersar a un grupo de manifestantes de dicha comunidad.

Todo comenzó por las manifestaciones de varias personas de diversas comunidades como la junta auxiliar de Santa Clara Ocoyucan, y otras más de la sierra norte de la entidad que bloquearon las carreteras de peaje y la federal Puebla-Atlixco para exigir la restitución del Registro Civil en las juntas auxiliares, facultad que les fue enajenada para entregarla a los ayuntamientos por iniciativa del gobernador Rafael Moreno Valle y aprobada por el Congreso local.

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Esto ocasionó que pobladores de San Bernardino se enfrentaran con elementos estatales, provocando lesiones graves en tres lugareños, entre ellos el joven José Luis, mientras que 100 más sufrieron heridas menores.

El 23 de marzo del 2016, el gobierno de Moreno Valle pidió perdón a Elia Tamayo, madre de José Luis y a otros habitantes de la localidad por haberse excedido en el uso de la fuerza pública. La disculpa del gobierno de Puebla fue para dar cumplimiento a una de las 11 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violaciones graves a las garantías individuales.