Baja California: periodistas en riesgo por omisiones en protección
De enero a mayo de 2022, el 70.6 por ciento de las carpetas por homicidios dolosos y el 70 por ciento por narcomenudeo se concentraron Tijuana.
Por Samantha Páez
El lunes 17 de enero de 2022, alrededor del mediodía, Margarito Martínez Esquivel fue asesinado con un arma de fuego en la ciudad fronteriza de Tijuana, en Baja California, México. Había regresado a su domicilio para luego salir a una cobertura periodística. Tenía 49 años. Colaboró con medios como Semanario Zeta, La Jornada de Baja California y Cadena Noticias, también en algunos medios internacionales; se especializaba en la cobertura de seguridad.
Días más tarde (23 de enero), también en Tijuana, fue asesinada la periodista Lourdes Maldonado López afuera de su casa. Lourdes, de 67 años, tenía una amplia trayectoria en medios locales y nacionales, como Televisa, el Primer Sistema de Noticias (PSN) y el semanario Séptimo Día, donde cubría temas de política y corrupción.
Misa ofrecida por el arzobispo de Tijuana en memoria de Margarito Martínez y Lourdes Maldonado. Crédito: Facebook de Margarito Martínez.
Margarito y Lourdes habitaban y ejercían el periodismo en una de las ciudades más peligrosas de México, según el propio secretario de Marina, José Rafael Ojeda, con base en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California, de enero a mayo de 2022, el 70.6 por ciento de las carpetas de investigación por homicidios dolosos y el 70.0 por ciento por narcomenudeo se concentraron en dicho municipio.
En una ciudad tan violenta como Tijuana, el periodismo es una actividad riesgosa desde hace varias décadas. En abril de 1988, fue asesinado en esta ciudad el periodista Héctor Félix Miranda, subdirector del Semanario Zeta; en 1997, Jesús Blancornelas, también colaborador de la revista Zeta, sufrió un atentado y aunque resultó ileso, el chofer que lo acompañaba falleció; en 2018 la organización Artículo 19 documentó amenazas, ataques físicos, detenciones arbitrarias, destrucción de equipo de trabajo y bloqueo informativo contra diversos periodistas en el municipio.
Periodistas sin protección
La periodista de Baja California, Aline Corpus Simerman, durante una entrevista, comentó que un mes antes de su asesinato, Margarito Martínez solicitó protección . En diciembre de 2021, Ángel N., un bloguero, publicó un video señalando a Margarito como administrador de cuentas de redes sociales vinculadas al crimen organizado. De acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), esto lo habría hecho sentirse amenazado e intimidado.
Fue entonces -refirió Aline- que se contactó con la Unidad de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Baja California, donde le comentaron que no estaba instalada y por ello, le remitieron con el Mecanismo de Protección Federal.
“Cuando el Mecanismo de Protección Federal recibe la petición envía unos formatos para que Margarito pudiera solventar los requisitos que se necesitaban, pero estamos hablando […] de una persona que trabajaba entre 8 y 12 horas al día y evidentemente de él dependían su familia, su esposa y su hija, entonces no podemos esperar que un reportero tenga todo este tiempo para estar tratando de llenar los documentos y además estar al pendiente de su trabajo”, agregó.
Por su parte, Sonia de Anda, del colectivo #YoSíSoyPeriodista y consejera del Sistema Estatal de Atención a Periodistas de Baja California, afirmó que Margarito pensaba que ya estaba en el mecanismo. “No sé si no le explicaron en qué consistía el mecanismo, el argumento que me dieron en el mecanismo estatal es que pasó un mes y si no le das seguimiento a tu solicitud, se desecha, entonces por eso el presidente al día siguiente dice: no, Margarito no estaba en el mecanismo, y efectivamente no lo estaban, ni en el estatal ni en el federal, nunca lo protegieron”.
Durante las audiencias contra los tres imputados por el homicidio de Margarito, se ha dado a conocer que su asesinato se debió a que un grupo criminal sospechaba que había publicado cierta información sobre sus integrantes y su modo de operar.
Los presuntos asesinos habrían vigilado el domicilio del fotoperiodista 24 horas antes de disparar en su contra e, incluso, planeaban acudir al velorio de Martínez Esquivel para espiar a familiares y amistades, cosa que no se concretó debido a la presencia de autoridades. Lo ocurrido con Margarito es muestra de la violencia sistemática contra periodistas en Baja California porque, de acuerdo con el último informe de Artículo 19, durante 2021 ocurrieron 644 agresiones contra periodistas y medios comunicación en todo el país, de las cuales 44 ocurrieron en Baja California, siendo así la cuarta entidad más violenta después de la Ciudad de México, Guerrero y Puebla.
Según Artículo 19, en esta entidad, el entonces gobernador, Jaime Bonilla Valdez, difundió un discurso que deslegitimaba a periodistas y medios. Durante 2021, la organización documentó en todo el país 46 casos donde tanto actores privados como públicos utilizaron este discurso en eventos públicos, de ellos, 27 tuvieron lugar en Baja California, Sinaloa, Puebla, Guerrero, Aguascalientes, Veracruz y Chihuahua.
“Existe una serie de narrativas prejuiciosas, estigmatizantes y descalificadoras que propalan de manera continua diversas autoridades del Estado mexicano [...] Esta práctica ha sido imitada por otras autoridades, principalmente de los ejecutivos estatales, como ha sido el caso del gobernador Enrique Alfaro, en Jalisco; el exgobernador Jaime Bonilla, en Baja California, y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, en la Ciudad de México”, advierte el informe.
Crédito: Matthew Casey, de KJZZ.
Autoridades se deslindan Tres años antes de su asesinato, Lourdes Maldonado López fue a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador para pedir suapoyo, dijo en ese momento que temía por su vida debido a un juicio laboral que tenía contra el entonces gobernador, Jaime Bonilla. Lourdes habría ganado el juicio y pocos días antes de su homicidio se había ordenado un embargo en contra de la empresa de Bonilla. De Anda aseguró que Lourdes la buscó en marzo de 2021, tras un atentado contra su vehículo afuera de su casa. En ese momento la Unidad de Protección Estatal le otorgó varias medidas de protección, entre ellas vigilancia en su domicilio por parte de la policía municipal.
La periodista pensaba que el momento más vulnerable de su día era cuando dejaba su coche en la calle y caminaba unos dos metros para entrar a su vivienda. Sin embargo, a pesar de que se ratificaron las medidas a Lourdes, de acuerdo con Sonia de Anda, con el cambio de administración estatal en noviembre de 2021 se le retiró la vigilancia.
“¿Para mí cuáles son las fallas? La Federación se deslinda, se lo deja al estado y el estado pues hace lo que puede con lo que tiene […] además los crímenes de Margarito y Lourdes ocurren todavía cuando los gobiernos se están instalando, por así decirlo (la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda tomó posesión el 1 de noviembre de 2021). Los mecanismos de protección son sistemas de seguridad que no se desmantelan cuando vienen otros gobiernos, son sistemas que se mantienen operando con o sin gobernador”, comentó De Anda.
Para Aline Corpus la falta de empatía y prevención fueron parte de las causas por las cuales Lourdes y Margarito están muertos. “Siento que no hay empatía por parte de la autoridad hacia el gremio y […] tampoco hay una información más allá de lo usual […] no hay una profundización (de) la autoridad sobre un tipo de crímenes que se están cometiendo y la forma de operar, o sea, si analizamos puntualmente son dos periodistas que están saliendo o entrando en su domicilio”, expuso.
Como Margarito y Lourdes, que solicitaron protección, en Baja California hay seis periodistas, dos mujeres y cuatro hombres, integrados al Mecanismo de Protección Federal, según las últimas cifras del Informe Estadístico del Mecanismo. En tanto que 35 personas, entre defensoras y periodistas, estarían bajo la protección de la Unidad Estatal de Protección, de acuerdo con la respuesta del gobierno estatal a la solicitud de información folio 021167621000071.
Vía telefónica y correo electrónico, El Colectivo Desde Provincia solicitó a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y a su equipo de comunicación una postura sobre las fallas para brindar protección a periodistas en Baja California; hasta el momento no ha habido respuesta. Unidad fallida
En mayo de 2017, el gobierno del entonces presidente, Enrique Peña Nieto, hizo un evento público, junto con la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago), para dar a conocer las “Acciones para la libertad de expresión y para la protección de periodistas y defensores”, entre ellas la coordinación con las entidades federativas y apoyo para la creación de unidades o ministerios públicos especializados en materia de libertad de expresión.
La Secretaría de Gobernación federal (Segob) entregó vía transparencia la copia de un oficio del 12 de junio de 2017 enviado al entonces secretario de Gobierno de Baja California, Francisco Rueda Gómez, como lo habría hecho con las otras entidades federativas, refiriendo “los acuerdos de la reunión en material de protección”, que son:
Fue a partir de estos acuerdos que el 25 de agosto de 2017 se creó la Unidad de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y Sistema Estatal de Atención a Periodistas en Baja California, la cual cuenta con seis funcionarias y funcionarios públicos adscritos con los siguientes perfiles: agente de la policía estatal preventiva; coordinadora jurídica de la subsecretaría del sistema estatal de seguridad pública; subdirector operativo del centro de control, comando, comunicación y cómputo; director estatal de derechos humanos; coordinadora de enlace y seguimiento de derechos humanos y jefe de departamento de comunicación social, según lo confirma la información entregada por el gobierno estatal vía transparencia.
Sin embargo, esta unidad no tiene un presupuesto específico asignado y, hasta el momento en que respondieron a la solicitud, en diciembre de 2021, tampoco tenía titular. Durante una entrevista, Alberto Xicoténcatl, presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección Federal, mostró su preocupación por este tipo de instancias de protección simuladas. “Pensemos en el mecanismo que tiene Baja California, donde han asesinado a tres periodistas [...] se ha dicho que existe en tema de discurso, pero en términos reales no existe”.
Foto: Presidencia de la República
Reviven protección estatal
Fue después de los asesinatos de Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, que el 24 de enero de 2022, el gobierno de Marina del Pilar Ávila instaló el Mecanismo Estatal de Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Baja California que está integrado por: el secretario general de Gobierno, Catalino Zavala Márquez; el fiscal general del Estado, Ricardo Iván Carpio Sánchez, y el secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, Gilberto Landeros Briseño. En ese momento, no se mencionó si dicho mecanismo sustituye a la Unidad de Protección Estatal.
Posteriormente, el 24 de febrero, el gobierno estatal de Baja California firmó un convenio con la Segob federal “para trabajar de manera conjunta y coordinada para que no haya impunidad en el tema de agresiones y violencia contra este gremio”, de acuerdo con el boletín publicado por el gobierno federal.
El subsecretario de Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, y la gobernadora Marina del Pilar Ávila durante la firma de convenio con el Mecanismo de Protección Federal. Crédito: Twitter de Alejandro Encinas.
Durante el evento, Sonia de Anda expuso que “el colectivo #Yosísoyperiodista de Baja California, le presenta una serie de sugerencias para que se consideren en la revisión de los lineamientos del mecanismo de protección para periodistas [...] dadas las fallas que han presentado en su operación, lo cual se ha evidenciado con el asesinato de comunicadores que están bajo estos protocolos, así como de otros que lo han pedido y han sido excluídos”.
Para esta periodista y activista por la defensa del gremio es clave el seguimiento por parte de las fiscalías federales y estatales porque esto ayudaría a enviar el mensaje de que “el Estado no permitirá la impunidad”.
En el caso de Margarito hay tres hombres vinculados a proceso como autores intelectuales y materiales del homicidio; sin embargo falta que se dicte una sentencia condenatoria en su contra y se establezca la reparación del daño a su familia, su esposa María Elena Frausto y su hija Johana.
En cuanto a Lourdes Maldonado, otras tres personas fueron detenidas por su probable participación en el asesinato, serían los autores materiales, aunque las autoridades no descartan que más personas hayan participado en el crimen.
La ausencia de Margarito y Lourdes ha calado hondo en el gremio de Tijuana, su asesinato ha dejado en la indefensión a sus familias y mascotas (Lourdes tenía dos perros y tres gatos), también pone en evidencia que las omisiones de los gobiernos estatales para operar las instancias de protección a periodistas cobra vidas y genera silencio.
El Colectivo Desde Provincia está conformado por Mely Arellano, Alfonsina Ávila, Patricia Mayorga, Camelia Muñoz, Samantha Páez, Raúl Fernando Pérez, Elizabeth Rivera, Karen Rojas, Sandra Segura y Bryam Torres.
La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Colectivo Desde Provincia y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.
La investigación ha sido publicada originalmente en LADO B: https://www.ladobe.com.mx/ |
