Gobierno reaccionó mal en linchamiento de Daniel Picazo: Segob Puebla

Julio Huerta Gómez reconoció que el Protocolo de Actuación para Casos de Intentos de Linchamiento no se aplicó de forma correcta.

Julio Huerta Gómez, secretario de Gobernación, reconoció que el Protocolo de Actuación para Casos de Intentos de Linchamiento no se aplicó de forma correcta en el caso de Daniel Picazo, lo que derivó en la muerte del exasesor parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN).

Sin embargo, la presentación de denuncias penales en contra de los funcionarios de Huauchinango o estatales que fueron omisos será responsabilidad de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Durante su comparecencia en el Congreso de Puebla, explicó que fue la respuesta tardía de las autoridades municipales lo que retrasó casi dos horas la llegada del personal de la Secretaría de Gobernación y la Policía Estatal.

“El protocolo de actuación no fue correctamente aplicado desde el principio de la situación, por lo que cuando los representantes de la Secretaría de Gobernación y la policía estatal intervinieron, era demasiado tarde,” dijo el titular de Gobernación.

De acuerdo con los informes oficiales, la Policía Municipal tuvo conocimiento de los hechos a las 21:51 horas, pero el gobierno y la Policía Estatal supieron del caso hasta las 23:03.

Además, dijo, los comisionados de la Secretaría de Gobernación tuvieron que trasladarse hasta la junta auxiliar de Papatlazolco y tardaron 30 minutos más en llegar.

Aseguró que desde el gobierno se ha dado seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH) y se han reunido con los padres de la víctima; sin embargo, destacó que será la FGE la que proceda en contra de los funcionarios que considere responsables.

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Linchamiento de Daniel Picazo

Daniel Picazo Hernández, de 31 años de edad, funcionario de la Cámara de Diputados y secretario particular de un diputado federal, fue linchado y quemado por pobladores en el municipio de Huauchinango, luego de que vecinos lo acusaron de presuntamente intentar secuestrar a un menor de edad.

A través de redes sociales se difundieron imágenes e información, donde aseguraban que sujetos a bordo de una camioneta pretendían robarse a un menor de edad y que eran presuntos secuestradores, por lo que pedían estar alertas para ubicarlos.

La falsa información originó que los vecinos de la junta auxiliar de Papatlazolco salieran enardecidos a las calles, para buscar y detener a los supuestos delincuentes.

La gente, cegada por la furia colectiva, logró ubicar un vehículo en el que viajaba Daniel Picazo, quien iba en compañía de otra persona, pero esta última pudo escapar.

El hecho fue reportado a elementos de la Policía Municipal, quienes en un inicio lograron asegurar al funcionario y evitaron que la gente lo siguiera golpeando, por lo que lo subieron a una patrulla. Sin embargo, los uniformados se vieron rebasados por la multitud enardecida y en algún momento les quitaron al detenido para hacer justicia por propia mano.

Daniel Picazo Hernández laboraba en la Cámara de Diputados y era secretario particular de una diputada del Estado de México, según lo emitido por sus amistades. Hasta el momento no hay personas detenidas por este linchamiento.

A través de un comunicado, el Ayuntamiento de Huauchinango reprobó enérgicamente este acto e informó que las autoridades competentes ya investigan lo ocurrido, a fin de determinar responsabilidades.

La Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla ha pedido que se investigue penalmente y se sancione la actuación de los agentes policiales que asistieron a la muerte del joven, porque “permitieron que la turba” acabara con la vida del abogado sin hacer nada para impedirlo.

“Los servidores de seguridad pública estatal y municipal no actuaron conforme al protocolo previsto para los linchamientos; no hubo intentos de impedir que lo rociaran con gasolina ni de que prendieran fuego, ni mucho menos de apagarlo y proteger a la víctima,” han dicho esta mañana en rueda de prensa miembros de la comisión.

Para los responsables de la oficina de Derechos Humanos de Puebla, una vez vistos los videos y finalizados sus informes sobre lo ocurrido, los agentes debieron “haber hecho uso de la fuerza pública” para disolver a los pobladores y proteger a Picazo, así como ayudarlo a salvar su vida.

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