La violencia contra la comunidad LGBT+ no solo se encuentra en las calles de la Angelópolis, también se encuentra dentro de las instalaciones que están destinadas a brindar servicios a la ciudadanía. 

Así lo externó Tuss Fernández, activista LGBT+ quien señaló que en las últimas tres administraciones estatales no se han desarrollado políticas públicas en favor de la diversidad sexual. 

En entrevista para El Popular, periodismo con causa, Fernández explicó que una de las primeras violencias es la invisibilidad. Para el Estado, es como si la población LGBT+ no existiera. La Fiscalía General del Estado, por ejemplo, no tiene la capacidad de clasificar correctamente a las víctimas de delito que pertenecen a la diversidadu sexual, lo que impide la generación de estadísticas, una de las bases para generar políticas públicas.
 

“Las personas LGBTIQ+ no contamos en las estadísticas del Estado. Si acaso somos los números rojos de las violencias, la discriminación, la violaciones a derechos humanos, los crímenes de odio, pero incluso en nuestras muertes somos quienes no existimos nunca y se nos despoja de nuestros nombres, de nuestras identidades, de nuestras orientaciones”, reclamó.

El activista recordó el caso de Agnes Torres, activista por los derechos de la comunidad trans, quien fue asesinada por tres hombres transfóbicos, y cuyo caso fue catalogado como la FGE como el “homicidio de un hombre”, despojando la identidad de género de la activista. 

“Quiero destacar que hace 10 años, cuando la mataron, no existía un protocolo para que la orientación sexual o la identidad de género se tomaran como líneas de investigación o motivación. ¿Qué pasó entonces? Pues que en el caso de Agnes su asesinato se consignó únicamente como homicidio calificado, es decir, omitieron, borraron su identidad y hoy, no existe un registro oficial de su asesinato en el reporte de personas trans que fueron privadas de la vida. El crimen de odio del que fué víctima Agnes Torres, oficialmente no existe”, puntualizó.
 

Fernández indicó que en las últimas tres administraciones estatales, es decir, la de los exgobernadores Rafael Moreno Valle, Antonio Gali Fayad y Miguel Barbosa Huerta, no se gestionaron acciones reales para apoyar a las personas que pertenecen a la diversidad sexual. 

Finalmente, Tuss Fernández señaló que si los gobiernos no comienzan a sensibilizar a los servidores públicos de todas las secretarías y dependencias, la violencia institucional se continuará ejerciendo de manera silenciosa, violando los derechos humanos de las personas que pertenecen a este estrato social.