Diputada justifica dedazo al añadir artículo 265 a ley que solo llega al 118

La diputada panista Aurora Sierra del Partido admitió que ella y su equipo cometieron un error al redactar la iniciativa conocida como Ley de cunas vacías, en la que se pretendía adicionar a la Ley de Trabajadores del Estado el artículo 265, cuando este documento local solo cuenta con 118 artículos.

En entrevista para El Popular, periodismo con causa, la legisladora panista explicó que en vez de redactar el número 26, un error de dedo hizo que se colocara el número cinco al final, resultando en escribir 265.

Sin embargo, cabe aclarar que la iniciativa fue presentada desde el pasado 23 marzo, es decir hace exactamente dos meses y no se había manifestado al respecto hasta que esta casa editorial exhibió el yerro.

“Es lamentable, frustrante para mí porque no tendría nada más que expresar, solamente que en efecto fue un error de dedo así humano y literal no hay más que declarar. Debía decir 26 y se nos fue en impresión el cinco adelante”, explicó. 

La diputada aseguró que el error fue humano, no por falta de conocimiento, como se ha sugerido.

Señaló que la iniciativa ya se turnó a comisiones, por lo que espera que sus compañeros tengan la voluntad política para que avance al pleno del Congreso local y sea aprobada, ya que, al ser un error técnico, es cuestión de pedir la corrección durante la sesión en comisiones.

“Se revisará en la comisión y espero que haya suficiente voluntad para que ahí simplemente se corrija. Por su puesto yo voy a hacer las consideraciones necesarias, pero ojalá hubiera más bien la voluntad de los diputados de que esto pasara al pleno y se reforme”. 

Cabe señalar que la iniciativa original llamada Ley de cunas vacías fue impulsada por activistas y organizaciones, y fue presentada al Senado de la República el 11 de agosto de 2022 por el senador Ricardo Monreal, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). 

El objetivo principal de esta ley es asegurar el trato digno y el bienestar físico, psíquico y emocional de las mujeres y sus familias que enfrentan la muerte gestacional y perinatal. Las autoridades sanitarias tendrán la obligación de garantizar el trato digno y la protección de los derechos humanos de las mujeres y las personas que las acompañen en todo momento.