Los legisladores de Morena, Ignacio Mier y Julieta Vences, han propuesto considerar la violencia institucional como una falta administrativa grave, con el objetivo de impulsar que las autoridades actúen de acuerdo con la ley para abordar la situación que enfrentan las mujeres en México.

Ignacio Mier Velazco, coordinador del grupo parlamentario de Morena, y Julieta Kristal Vences Valencia, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género e integrante de la misma bancada, presentaron una iniciativa para combatir la violencia institucional contra las mujeres.

Los legisladores proponen que se considere como una falta administrativa grave la violencia institucional, con el fin de promover que las autoridades actúen de acuerdo con la ley para hacer frente a la situación que enfrentan las mujeres en México.

Para ello, proponen agregar el artículo 58 bis a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y un segundo párrafo al artículo 20 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La violencia institucional se refiere a los actos u omisiones de los servidores públicos que discriminan, obstaculizan o impiden el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y el disfrute de políticas públicas en su beneficio.

"Lamentablemente, la violencia contra las mujeres es uno de los principales problemas que afecta a la sociedad mexicana", expresaron.

Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021, publicada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia al menos una vez en su vida.

Además, en los últimos siete años, el número de feminicidios ha aumentado un 137% y se han registrado más de 350,000 llamadas al 911 para denunciar violencia familiar.

A pesar de estas cifras alarmantes, la impunidad sigue siendo muy alta: según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal 2022 del INEGI, solo el 8.3% de los casos relacionados con la violencia de género se judicializan en el país, lo cual está relacionado con el desempeño de las procuradurías y fiscalías, ya que la probabilidad de que se denuncie y se esclarezca un delito es apenas del 1.3%.

"Estos datos están estrechamente relacionados con la violencia institucional, ya que la percepción y la falta de acceso a la justicia para las mujeres están vinculadas a los obstáculos y retrasos generados por parte de los servidores públicos", señalan Mier y Vences en su iniciativa.

En el mismo sentido, destacaron la importancia de señalar que la inacción por parte de las autoridades vulnera el derecho de las víctimas a la reparación integral del daño, que incluye medidas de restitución y compensación.

"Es fundamental reformar el marco jurídico mexicano para fortalecer las normas que regulan la actuación de los servidores públicos que se desempeñan en la procuración de justicia y que, mediante acciones u omisiones, afectan el derecho de las mujeres al acceso a la justicia", resaltaron.