La escasez de agua en Puebla ha alcanzado niveles críticos, afectando a miles de personas que enfrentan dificultades para acceder a agua potable en sus hogares. Una problemática que se ha agravado debido a la controvertida práctica de inhibición de lluvia llevada a cabo por empresas extranjeras, con graves consecuencias para la comunidad local y el entorno ambiental.

El líder de la bancada de Morena en San Lázaro, el diputado Ignacio Mier Velazco, ha expuesto la preocupante situación que enfrenta el estado. Según sus declaraciones, tres empresas extranjeras, dos de Canadá y una de Estados Unidos, están involucradas en la controvertida práctica de elevar drones para dispersar las nubes y evitar la lluvia. Esta actividad, impulsada por la agricultura protegida que emplea pozos de riego e invernaderos, tiene impactos devastadores tanto para la población como para los agricultores locales que dependen del agua para sus cultivos.

Uno de los efectos más alarmantes es la disminución de los niveles freáticos, que ha dejado al 25% de la población poblana con escasez de agua potable. Los pozos, que ahora no pueden encontrar suficiente agua, plantean un riesgo crítico para la comunidad. Además, el daño a los productores de temporal, cuyos cultivos dependen en gran medida del comportamiento de las lluvias y la capacidad del suelo para retener el agua, crea una situación insostenible para la seguridad alimentaria y la economía local.

Es esencial abordar este problema con urgencia y considerar medidas que equilibren las necesidades de inversión con la preservación del acceso al agua para la mayoría de la población. El diputado Mier Velazco propone la planificación de la producción agrícola y la no autorización de ciertos cultivos que podrían alterar el equilibrio del manto freático. No se trata de rechazar la inversión extranjera, sino de garantizar que las actividades económicas no comprometan los recursos esenciales de la comunidad y del medio ambiente.

La pregunta clave es qué prevalecerá en esta encrucijada: ¿el beneficio a corto plazo de unas pocas empresas extranjeras que emplean a un número limitado de trabajadores, o la protección y bienestar de la mayoría, incluyendo a más de 40,000 personas en la zona afectada? La respuesta parece clara: es hora de tomar medidas efectivas para asegurar el abasto de agua y preservar el entorno hidrológico para las generaciones presentes y futuras. Esta no es solo una cuestión de género, sino de justicia ambiental y equidad social, y es nuestro deber actuar de manera responsable y solidaria.