La Secretaría de Salud del estado verificó un total de 79 centros de atención a adicciones  durante 2022, de los cuales 33 fueron clausurados por operar de manera irregular. 

Sobre el tema, precisó que de enero a marzo del 2023 se han supervisado 16 centros de rehabilitación de adicciones, de los cuales solo uno fue suspendido por incumplir con la norma.

“El año pasado fueron revisados 122 anexos y suspendidos 33, mientras que este año se han verificado 16 y uno ha sido suspendido”, precisó la dependencia. 

La dependencia señaló que las faltas a la ley pueden ir desde abusos cometidos por los administradores, hasta cobros excesivos o maltratos físicos y verbales que incluso pueden provocar la muerte de personas, como ha ocurrido en la entidad.

Por otro lado, el Congreso del Estado aprobó en diciembre del 2022 una reforma que regula los anexos en Puebla, con penas de uno a cuatro años de prisión a quien preste el servicio de atención a la salud mental y adicciones sin cumplir con la normatividad.

Además, las reformas establecen que se impondrán de uno a cuatro años de cárcel, así como multas de 50 a 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA), al responsable o encargado del establecimiento que preste servicios de atención a la salud mental o adicciones sin contar con el aviso de funcionamiento respectivo.

Actualmente, la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios (DPRIS) mantiene una revisión constante en los 129 anexos que están regulados en el estado.