La Comisión de Búsqueda de Personas recibió 85.5 millones de pesos entre los años 2019 y 2022, presupuesto que se tendría que haber utilizado para la búsqueda de personas desaparecidas en la entidad poblana; sin embargo, este último año solo utilizó el 32% de dicho recurso. 

Así lo reveló el Instituto de Derechos Humanos Ellia Curia (IDHIE) de la IBERO en su análisis Presupuesto para la Búsqueda de Personas publicado este año. El estudio detalló que en 2022 el recurso utilizado para la búsqueda de personas pudo haber tenido mayores beneficios para las familias de personas desaparecidas, pero la Comisión de Búsqueda regresó más del 50% del mismo. 

El reporte de la IDHIE dejó ver que en ese año la Comisión de Búsqueda no ejerció la totalidad de los recursos que se le asignaron y tuvo que regresar 12 millones 966 mil pesos a la Tesorería de la Federación; esto representa un 68% del presupuesto asignado, lo que quiere decir que solo utilizó el 32% del recurso. 

Y es que de acuerdo con el análisis, la entidad poblana es una de las que más presupuesto recibió para la búsqueda de personas. Tan solo se encuentra por debajo de Coahuila, que recibe 218 millones de pesos; Baja California con 95 millones; Jalisco recibió 92 millones; en Sonora fueron 90 millones de pesos; en Veracruz 85.8 millones de pesos y en Puebla 85.5 millones de pesos.

¿En qué se utilizó el recurso para la búsqueda de personas? 

Entre lo reportado por la Comisión, está la compra de una grúa de plataforma hidráulica con un costo de dos millones 300 mil pesos; el pago de un Diplomado para la Búsqueda de Personas e Investigación de Delitos en Materia de Desaparición Forzada en Personas con el mismo costo; un curso con perspectiva de género en Niños, Niñas, Adolescentes y mujeres para los cuerpos policiales especializados con un costo de un millón 300 mil pesos. 

Otros gastos que no están registrados en el ejercicio, pero se justificaron, son un Curso sobre perspectiva de género en Niños, Niñas, Adolescentes y mujeres; en las acciones de Búsqueda con un costo de 365 mil 175 pesos; equipo automático para la identificación rápida de perfiles de ADN con un costo de dos millones 350 mil pesos; así como unidad acuática rápida, dos motos acuáticas, kits de buceo y rescate, capacitaciones en buceo y de fotografía con un costo de 10 millones 323 mil pesos. 

En el gasto de equipo de buceos, el Colectivo La Voz de los Desaparecidos denunció dicha compra, pues hasta el momento la Comisión no cuenta con él. 

Lo anterior hace ruido a los observatorios y colectivos, pues con el reporte señaló que se realizó una solicitud de acceso a la Fiscalía sobre la información pública con número de folio 210421523000860, en donde se reportó que en 2019 hubo mil 508 personas reportadas como desaparecidas; en 2020, mil 540; en 2021, mil 461; en 2022, mil 713; mientras que para el primer semestre de 2023 iban 977 personas.

Dicha situación fue visibilizada por el colectivo La Voz de los Desaparecidos, el cual señaló que la extitular de la Comisión de Búsqueda, María del Carmen Carabarin Trujillo, realizaba actividades opacas con el presupuesto para localizar a familiares desaparecidos. 

No existe información concreta y actualizada

Otra de las irregularidades que observó la IDHIE fue la falta de información actualizada en materia de fosas clandestinas por parte de la Comisión de Búsqueda.

Esto debido a que cuando se analizó el número de fosas clandestinas encontradas en la entidad, solo se tiene registro de 38 en un lapso de 2006 al 2019, pero no hay registro de años posteriores.

Este dato es relevante, pues la Comisión de Búsqueda Nacional no se coordina con las comisiones locales ni las fiscalías, por lo que la IDHIE recomendó una actualización anual en materia de fosas clandestinas.