La universidad IBERO, en conjunto con actores políticos y sociales del estado, impulsaron una ruta integral de trabajo para materializar una Ley en materia de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas en Puebla.

Las instancias participantes de la universidad, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE), la Clínica Jurídica Minerva Calderón, y el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática, se unieron con el colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla para trabajar respecto a esta ley.

Fue en el Pleno del Congreso donde la diputada Mónica Silva Ruiz presentó esta iniciativa de ley, realizada en conjunto con el colectivo Voz de los Desaparecidos.

Alexia Martínez Montalban, responsable del Observatorio de Desaparición de Personas del IDHIE, contextualiza esta ley en un país que tiene a más de 112 mil personas desaparecidas que siguen siendo buscadas por sus familias. 

La Ley Sobre Declaración Especial de Personas Ausentes busca que víctimas indirectas de una desaparición puedan acudir a un juez civil para que este emita una resolución que proteja los derechos humanos de las personas desaparecidas, y que estas puedan contar con una representación legal bajo la presunción de vida.

El escenario se complejiza a nivel estatal. Daniela Itzel Jiménez Cortés, responsable de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en la Clínica Jurídica Minerva Calderón, relató cómo una omisión de casi cinco años del Congreso del estado de Puebla, que se ha rehusado a legislar en favor de esta ley, pesa sobre las familias y sus vidas. 

El caso de María Eugenia Margarita Rojas García es un claro ejemplo de lo vital que es implementar esta ley a la brevedad: Fabiola Narváez Rojas, su hija, desapareció el 13 de enero de 2021. Esto provocó que ella tuviera que ocuparse de las tareas de cuidado de su nieta —hija de Fabiola—, quien actualmente tiene 9 años. 

María Eugenia, al ser derechohabiente del IMSS, buscó afiliar a su nieta para darle seguridad social y garantizar su derecho a la salud. Sin embargo, la institución les negó este derecho con el argumento de que solamente los padres podían afiliar a las y los hijos.

“Me topé con pared desde el principio. Llegué y solo me dijeron ‘ahí están los requisitos’ [...] y yo no la podía afiliar porque no es mi hija, es mi nieta”.

“Se tuvo que realizar una serie de estrategias jurídicas solamente para garantizar el acceso a seguridad social y a la salud”, explicó Daniela Jiménez, pues se tuvo que interponer una demanda de amparo para asegurar la afiliación al IMSS de la menor de edad a través de su abuela, y se ordenó al Congreso del estado de Puebla legislar en materia de declaración especial de ausencia.  

Esta ley también fue reconocida por la ONU a través del Comité contra la Desaparición Forzada, pues, en un diálogo con el Estado mexicano, se destacaron los aspectos positivos de la figura de la declaración especial de ausencia por desaparición en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. 

En representación de este órgano internacional, Andrés Díaz Fernández, oficial de Derechos Humanos en México, remarcó que, así como “es un tema primordial que las víctimas tengan acceso a procesos de investigación y búsqueda, también se tiene que garantizar su integridad y su salud porque la vida sigue”.

Por ello, el oficial de la ONU hizo un llamado a la acción, y a hacer conciencia de que “la problemática de la desaparición es de toda la sociedad en su conjunto. Tenemos que hacer desde todos los frentes un esfuerzo para poder trabajar en ese sentido”.