Colectivas lanzan llamado para garantizar justicia en casos de violencia vicaria

Integrantes de colectivos poblanos en contra de la violencia vicaria se reunieron para pedir justicia y hacer un llamado a las autoridades para que los casos como el de Ivette Salinas puedan obtener justicia ante crímenes por este tipo de violencia.

Cabe mencionar que la violencia vicaria se define como cualquier acto de omisión con el propósito de causar perjuicio o daño y se ejerce a través de las hijas e hijos, así como demás miembros de círculos afectivos como otros parientes o personas allegadas de una mujer.

Ivette Salinas, víctima de violencia vicaria a manos de un empresario

Francisco Jared López León es un empresario poblano al que se le imputa una denuncia por violencia vicaria en contra de Ivette Salinas; desde el pasado mes de agosto de 2023, un juez de lo familiar le fijó una pensión provisional. 

Sin embargo, este ha evadido dicha obligación y ha encontrado la manera de eludir la justicia, presumiblemente mediante influencias. 

Asimismo, hizo uso de un trámite de préstamo de uso para poder desalojar a Ivette Salinas del domicilio familiar. 

Las miembros de los colectivos contra la violencia vicaria señalaron que la fiscalista Miriam –no mencionaron su apellido– exigió al abogado de Ivette Salinas un monto de 15 mil pesos para poder llevar a cabo el proceso por la vía judicial.

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Caso en contra de Miguel N

Las integrantes también recalcaron el caso en contra de Miguel N, quien es acusado por violencia vicacia y violencia sexual en contra de su hija. Al mismo tiempo, se nombró la violencia institucional ejercida a su expareja durante el proceso de resolución, quien ha sido intimidada y denigrada.

Miguel N también tiene una pensión fijada desde septiembre del 2022, de la cual solo cumple con tres mil pesos mensuales, a pesar de tener un hijo con seis discapacidades severas.

Violencia vicaria en Puebla

Los colectivos también resaltaron la ausencia del juez Julio Vargas Dominguez, quien por motivos de salud no se encuentra en condiciones de llevar a cabo juicios de resguardo y custodia, lo cual, señalan, termina por facilitar la corrupción entre los secretarios de acuerdo.

Es importante mencionar que actualmente existen decretos para prevenir y sancionar la violencia vicaria en México y en Puebla; sin embargo, tal como señalan las activistas, esto no garantiza justicia si continúan libres quienes pueden pagar por la impunidad.

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