LA SEGUNDA SALA DECLARÓ EL SOBRESEIMIENTO DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 14/2024 PROMOVIDA POR LA CDH
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó firme el cobro de parquímetros y la cuota por ocupar la vía pública para estacionamiento de vehículos por hora, fracción o cajón en 20 municipios del estado de Puebla. Así lo declaró al resolver la acción de inconstitucionalidad 14/2024 promovida por el entonces presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH), José Félix Cerezo Vélez, en contra del cobro establecido en 20 Leyes de Ingresos Municipales para el ejercicio fiscal 2024. Si bien la demanda se resolvió el 14 de mayo del año en curso, la Suprema Corte informó este lunes 7 de julio que ordenó notificar sobre esta resolución al Congreso de Puebla, al gobierno del estado y a la CDH como promovente. ¿Por qué la Corte dejó firme el cobro de parquímetros?La Segunda Sala declaró el sobreseimiento de la acción de inconstitucionalidad y, en consecuencia, dejó firme el cobro de parquímetros y la tarifa por estacionarse en la vía pública debido a que las leyes de ingresos impugnadas ya no están vigentes, pues el ejercicio fiscal 2024 ha concluido. “Al actualizarse el principio de temporalidad de las disposiciones fiscales, el cual establece que las leyes de ingresos municipales tienen un carácter anual y, por ende, sus efectos se extinguen al concluir el ejercicio fiscal al que corresponden. Por lo tanto, al haber finalizado dicho ejercicio, las normas impugnadas dejaron de surtir sus efectos jurídicos”, resolvió. Las 20 Leyes de Ingresos corresponden a los siguientes municipios:
Te puede interesar: PRI critica incremento de violencia en Puebla y acusa falla en seguridad Por las mismas razones, la Segunda Sala de la Corte declaró el sobreseimiento de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el gobierno federal en contra de diversas Leyes de Ingresos Municipales de Puebla, por el servicio de reproducción de información no relacionada con el derecho de acceso a la información pública, por la expedición de certificaciones de datos o documentos relacionados con el acceso a la información pública y de pago de derechos por alumbrado público.
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