La síndica municipal de Calpan, Lisset Méndez Popoca, llevó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el caso de posible violencia política de género que habría ejercido en su contra el alcalde Vicente Sánchez Méndez. El pasado 30 de julio ingresó a la Sala Regional Ciudad de México el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía promovido por la funcionaria municipal, quien denunció que en la nómina del Ayuntamiento de Calpan aparecen personas con vínculos de parentesco con el edil, y que desde mayo no ha sido convocada a las sesiones de Cabildo. Además, señaló que el 24 de junio el noticiero televisivo “Telebyn” difundió un audio en el que, presuntamente, Sánchez Méndez utiliza palabras altisonantes y ejerce violencia política contra las mujeres en razón de género, en su perjuicio. Te puede interesar: Vecinxs y locatarixs de Av. Las Torres protestan por construcción de ciclovía Síndica impugnó fallo del IEE Lisset Méndez impugnó ante la Sala Regional la resolución emitida por la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado (IEE) en el procedimiento especial sancionador SE/PES/LMP/028/2025, a la cual solicitó medidas de protección tras la denuncia que presentó contra el alcalde por la posible comisión de violencia política contra las mujeres en razón de género. El juicio se encuentra registrado con el expediente SCM-JDC-235/2025 y será analizado por la ponencia del magistrado en funciones, Luis Enrique Rivero Carrera. Cabe mencionar que el pasado 29 de mayo, regidoras, regidores y la síndica municipal de Calpan solicitaron al Congreso de Puebla iniciar el procedimiento de revocación de mandato contra el alcalde Vicente Sánchez, a quien acusan de cometer faltas administrativas graves como desvío de recursos, nepotismo y opacidad en el manejo de las finanzas públicas. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso, Julio Huerta Gómez, anticipó que la solicitud de revocación no procedería, al argumentar que los llamados “cabildazos” ya no están permitidos conforme a la Ley Orgánica Municipal |