La diputada morenista, Nayeli Salvatori, presentó una iniciativa para reformar la Ley Estatal de Salud con el fin de permitir que el personal médico y de enfermería ejerza el derecho de objeción de conciencia, esto pese a que dicha figura, ya fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En la Acción de Inconstitucionalidad 54/2018, resuelta el 21 de septiembre de 2021 en el Pleno de la Corte, determinó la invalidez del artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, que contemplaba una disposición similar. El fallo estableció que la objeción de conciencia no puede ser absoluta ni ilimitada, pues su aplicación podría vulnerar derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la salud, la no discriminación y el principio de legalidad constitucional. El texto de la sentencia precisa que “la objeción de conciencia no es una restricción del derecho a la salud, ni un derecho fundamental de carácter autónomo, sino una forma de materialización de la libertad religiosa, ideológica y de conciencia. Su ejercicio no puede oponerse a bienes jurídicos dignos de especial protección, como los derechos fundamentales de otras personas y la salubridad general.” El estado de Puebla despenalizó la interrupción del embarazo en julio de 2024 y eliminó las sanciones penales que aún existían contra las mujeres que decidían interrumpir su gestación. Te puede interesar: Presentan en el Congreso Local iniciativa para garantizar el aborto legal y seguro en Puebla Ante este panorama, especialistas en derecho constitucional advirtieron que retomar una figura declarada inválida por la Corte representa un retroceso normativo y generaría posibles conflictos en la aplicación del derecho a la salud reproductiva. Asimismo, diversas colectivas en defensa del aborto legal y seguro en Puebla señalaron que la objeción de conciencia “puede prestarse a interpretaciones que impliquen un retroceso en los derechos ganados”. Además, consideraron que en este caso “se está regulando y limitando su aplicación”, lo que resulta válido siempre que los hospitales públicos cuenten con mecanismos que garanticen el acceso a un aborto legal y seguro para quienes lo soliciten.
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