El Gobierno de México exhibió este viernes los mecanismos de corrupción y opacidad que operaron durante años en el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), creado en el periodo neoliberal, al señalar que fue un instrumento costoso, burocrático e ineficiente que tardaba hasta 42 días hábiles en liberar recursos ante una emergencia. Durante la conferencia matutina “Las Mañaneras del Pueblo”, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, afirmó que el FONDEN no garantizaba apoyo inmediato a la población y que, además, exigía a los estados aportar la mitad de los recursos para acceder al fondo federal. “Era un mecanismo que no respondía al ciudadano, sino a intereses políticos y burocráticos”, enfatizó. La funcionaria presentó ejemplos de irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en distintos sexenios. En el gobierno de Vicente Fox Quesada, se documentaron compras con sobreprecios de hasta 375% en medicamentos y material de curación, además de observaciones por más de 182 millones de pesos. En el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, las inundaciones en Veracruz (2010) y Tabasco (2011) dejaron sin aclarar más de 500 millones de pesos; parte de esos recursos fueron desviados para cubrir déficit financiero estatal. 
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, los huracanes Ingrid y Manuel (2013) y los sismos de 2017 también revelaron sobreejercicios, retrasos y pagos irregulares. En los desastres de septiembre de 2017, la Sedatu solo revisó el 35% de las viviendas afectadas, pese a haber emitido 18 declaratorias de desastre; además, se detectaron pagos injustificados por 90 millones de pesos y fallas en la reconstrucción de unidades médicas. Buenrostro recordó que, en 2018 —año electoral—, el FONDEN destinó de manera atípica 59 mil 606 millones de pesos, concentrando 427 millones en declaratorias por olas de calor, sin transparencia ni rendición de cuentas. Te puede interesar: Sheinbaum reafirma compromiso de ayuda por lluvias en La Ceiba En contraste, señaló que con la desaparición del fideicomiso durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la atención a desastres se volvió directa y rápida, sin intermediarios. Expuso que en el caso del Huracán Otis (2023) se apoyó a 301 mil personas; con el Huracán John (2024), a 143 mil, y con el Huracán Erick, a casi 60 mil. “Hoy el apoyo llega a las manos de la gente, no a cuentas bancarias de gobiernos o fideicomisos”, subrayó. El informe, presentado en presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca reforzar la narrativa del nuevo modelo de atención de emergencias sin corrupción ni retrasos, con enfoque humanista y transparencia total. |