El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Puebla y la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Puebla (CANACO) manifestaron su enérgica condena por el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, y exhortaron a los gobiernos federal, estatal y municipal a tomar medidas firmes para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía. En comunicados separados, ambos organismos coincidieron en que el crimen representa un agravio a la seguridad y al Estado de Derecho, al tiempo que afecta la confianza social y la estabilidad económica. Expresaron su solidaridad con la familia del edil, sus colaboradores y los habitantes de Uruapan, y pidieron una actuación inmediata de las autoridades competentes para esclarecer los hechos y castigar a los responsables. El CCE Puebla subrayó la urgencia de “cerrar filas” entre los tres órdenes de gobierno y extremar la coordinación en materia de inteligencia y seguridad, con el fin de obtener resultados contundentes frente al avance del crimen organizado. Además, reiteró que la seguridad es una condición esencial e innegociable para el desarrollo económico, la atracción de inversiones y la generación de empleos formales. Por su parte, la CANACO Puebla advirtió que la violencia ha rebasado límites tolerables y que la percepción de inseguridad se ha convertido en una realidad cotidiana que desalienta la inversión y mina la esperanza. Exigió que los hechos se esclarezcan “con prontitud y sin simulaciones” y que se castigue con todo el peso de la ley a los responsables. Te puede interesar: Gobernadores de la CONAGO condenan el asesinato del alcalde de Uruapan Ambas cámaras convocaron a la unidad entre sociedad y gobierno para recuperar la paz y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones, subrayando que el país no puede vivir con miedo ni normalizar la impunidad. El asesinato de Carlos Manzo Rodríguez ocurrió el pasado sábado durante un evento público en Uruapan, Michoacán. Tras el crimen, diversos sectores sociales, empresariales y políticos de todo el país han expresado su condena y exigido justicia, mientras las autoridades estatales y federales realizan las investigaciones correspondientes. |