El diputado Julio Huerta Gómez, integrante de la bancada de Morena en el Congreso de Puebla, propuso la creación de un protocolo de protección a funcionarios en situación de riesgo o amenazas, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez. Entre las medidas de defensa se encuentran la asignación temporal de escoltas, vigilancia fija o móvil, apoyo tecnológico, resguardo de instalaciones o domicilio, así como cualquier otra acción que garantice la integridad del funcionario protegido. La propuesta consiste en adicionar un Capítulo Segundo denominado “De la Protección a Funcionarios” y los artículos 143 Bis, 143 Ter, 143 Quáter y 143 Quinquies a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla. Te puede interesar: “Ya no tenemos miedo”: Exigen justicia para Carlos Manzo en Uruapan Se establece que el Sistema Estatal de Seguridad Pública elaborará y aprobará un Protocolo Estatal de Protección a Funcionarios en Situación de Riesgo o Peligro Inminente, con el propósito de salvaguardar la integridad de las personas que, en el ejercicio de sus funciones públicas, se encuentren expuestas a amenazas, atentados o cualquier otra forma de riesgo derivado del desempeño de su cargo. En la formulación del protocolo participarán de manera activa las personas titulares de las presidencias municipales en el estado. Deberá contener los criterios para la evaluación del riesgo, la determinación de medidas de protección, los procedimientos de coordinación interinstitucional y los mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) coordinará la implementación y supervisión del protocolo. Las y los presidentes municipales deberán informar de inmediato sobre cualquier otra persona funcionaria a su cargo, e incluso ellos mismos, que se encuentre bajo amenaza o peligro, y coadyuvar en la ejecución de las medidas preventivas o de protección. Te puede interesar: PAN solicita comparecencia del secretario Francisco Sánchez tras asesinato de policías Escoltas o vigilancia para proteger a funcionariosLas medidas podrán comprender, según el nivel de riesgo, la asignación temporal de escoltas, vigilancia fija o móvil, apoyo tecnológico, resguardo de instalaciones o domicilio, así como cualquier otra acción que garantice la integridad del funcionario protegido. Serán proporcionales al nivel de amenaza determinado, estarán sujetas a revisión periódica y se mantendrán durante el tiempo que subsista la situación de riesgo. Huerta Gómez propone que el protocolo deberá revisarse y actualizarse periódicamente por el Consejo Estatal de Seguridad Pública, con la participación del alcalde o alcaldesa a quien se le esté brindando la protección, atendiendo a la evolución de las condiciones de seguridad en el estado y a las mejores prácticas nacionales e internacionales. La información de los funcionarios protegidos, las medidas adoptadas y las acciones operativas serán estrictamente confidenciales, y su manejo se regirá por los principios de seguridad, legalidad y respeto a los derechos humanos. La iniciativa presentada por Julio Huerta Gómez fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública del Congreso de Puebla para su estudio y resolución procedente. |