La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) manifestó su preocupación y condena por los hechos violentos ocurridos en Uruapan, Michoacán, donde perdió la vida el alcalde Carlos Manzo. La organización destacó su inquietud por la confirmación de que el presunto responsable del crimen sería un adolescente de 17 años de edad. En un comunicado, Redim señaló que este caso “no es un hecho aislado”, sino un reflejo de la crisis de derechos humanos, violencia y abandono que enfrenta el país, en la que niñas, niños y adolescentes figuran entre las principales víctimas de reclutamiento y utilización por parte de grupos delictivos. La red subrayó que el uso de menores en actividades ilícitas evidencia las deficiencias en las políticas públicas de prevención y atención, y recordó que hasta 250 mil niñas, niños y adolescentes podrían estar en riesgo de ser reclutados en México, con Michoacán entre los estados más vulnerables. De acuerdo con el pronunciamiento, las condiciones de desigualdad, violencia y falta de oportunidades agravan este panorama.
Redim insistió en que los adolescentes que participan en delitos “son también víctimas de la violencia estructural” y que, si bien deben enfrentar las consecuencias de sus actos, ello debe hacerse bajo un enfoque de justicia restaurativa y protección integral. Asimismo, la organización criticó la difusión del nombre e imagen del menor presuntamente implicado, tanto por algunos medios de comunicación como por la Fiscalía General de Michoacán, acción que calificó como una violación a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a los estándares internacionales de justicia para adolescentes. Advirtió que la exposición pública del joven constituye una forma de revictimización y obstaculiza los procesos de atención y reintegración, además de fomentar la estigmatización y criminalización social. Te puede interesar: Fiscalía de Michoacán identifica al asesino de Carlos Manzo: fue un menor. Por ello, Redim hizo un llamado urgente a la sociedad, medios de comunicación y autoridades de los tres niveles de gobierno para retirar cualquier dato que revele la identidad del adolescente y asumir una corresponsabilidad colectiva en la protección de la infancia y adolescencia. Finalmente, la organización exigió a las autoridades y al Congreso de la Unión tipificar el delito de reclutamiento forzado de menores y diseñar estrategias efectivas para desmantelar las redes que los utilizan, sin reducir la edad de imputabilidad penal y reconociendo a niñas, niños y adolescentes como víctimas y sujetos plenos de derechos |