El Primer Informe de Gobierno 2025 del Estado de Puebla concentra sus mayores avances en el Eje del Humanismo con Bienestar, que aglutina la principal inversión social y el mayor número de beneficiarios directos. De acuerdo con un análisis cualitativo y cuantitativo realizado por El Popular, periodismo con causa, al documento público del informe que consta de más 600 páginas, durante el primer año de la administración encabezada por Alejandro Armenta Mier, se ejecutaron 4,192 proyectos de Obra Comunitaria, definidos mediante asambleas ciudadanas en 160 municipios considerados Zonas de Atención Prioritaria, con una inversión total de 1,048 millones de pesos. También puedes leer: Armenta presume avances en seguridad, bienestar y obra en su primer informe Estas acciones involucraron a 20,960 personas en comités comunitarios, de las cuales 67% fueron mujeres. En materia educativa, destaca el Programa de Becas de Conectividad para el Bienestar, que reporta una inversión de 90.4 millones de pesos, beneficiando a 78,901 estudiantes de nivel medio superior y superior en 204 municipios, mediante acceso gratuito a telefonía móvil e internet. El informe señala que este programa generó un ahorro económico directo para las familias beneficiarias. El sector salud es otro de los rubros que presenta resultados cuantificables. Puebla se ubicó en cuarto lugar nacional en donación cadavérica de órganos, quinto en trasplantes de córnea y sexto en trasplantes renales, además del fortalecimiento de la atención prehospitalaria con ambulancias y motoambulancias con cobertura en siete macrorregiones del estado. 
En desarrollo urbano y medio ambiente, el informe reporta la regularización territorial en beneficio de 1.5 millones de personas, así como 383 inspecciones para control de contaminación visual y urbana, que derivaron en sanciones, retiros y una recaudación de 10.7 millones de pesos. En movilidad, se documenta la entrega de 12,020 cédulas de identificación a vehículos de transporte por aplicación, como parte de la estrategia de ordenamiento del servicio. Entre las cifras clave del informe destacan también la modernización de más de 200 instalaciones judiciales, la creación de nuevas instituciones de formación policial y la ejecución de infraestructura carretera estratégica en regiones serranas. 
El informe destaca al CEPOSAMI como un espacio orientado a la atención integral en salud mental, sin detallar cifras de usuarios atendidos, capacidad instalada, personal especializado o presupuesto asignado, integrándolo principalmente como un componente institucional dentro de las acciones de asistencia social y protección a grupos vulnerables ¿Cuáles fueron las prioridades en el primer año de gobierno?Desde una perspectiva cualitativa, el informe presenta una narrativa centrada en el bienestar social, la obra comunitaria y la institucionalización de políticas públicas, alineadas al Plan Estatal de Desarrollo 2024–2030. El eje social se consolida como el núcleo del discurso gubernamental, con una estrategia que privilegia la participación comunitaria, la inversión directa en servicios básicos y la atención a grupos en condición de vulnerabilidad. En términos políticos, el documento refuerza la idea de un gobierno con énfasis en el humanismo, la bioética social y la cercanía con la población, destacando la creación de nuevas universidades públicas y el fortalecimiento de instituciones como una política de largo plazo. La seguridad pública y la justicia se presentan desde una óptica de reconstrucción institucional, profesionalización y coordinación intergubernamental, más que desde una evaluación de resultados inmediatos. En materia de seguridad, se destaca principalmente avances en fortalecimiento institucional, profesionalización y capacidad operativa, más que resultados en incidencia delictiva. El documento subraya la creación de la Universidad de las Ciencias Policiales y de la Seguridad Pública, concebida como una política de Estado para la formación permanente de cuerpos de seguridad, así como el impulso a una coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno En salud, resalta el fortalecimiento de la atención comunitaria y la coordinación con IMSS-Bienestar, la ampliación de la red prehospitalaria con ambulancias y motoambulancias en siete macrorregiones y el posicionamiento nacional del estado en donación y trasplantes de órganos. También destaca la creación de sedes regionales de la Universidad de la Salud para formar personal médico en zonas con alta marginación. El desarrollo urbano y la movilidad se abordan como procesos de transición, con énfasis en planeación, ordenamiento territorial y sostenibilidad ambiental, mientras que el Eje de Gobierno Transformador subraya la rendición de cuentas, la reorganización administrativa y el fortalecimiento del control interno como pilares del desempeño gubernamental.
Las obras de infraestructura clave del primer año de gobierno en PueblaEl Gobierno de Puebla reportó en la glosa del informe, el arranque y planeación de proyectos de infraestructura considerados estratégicos. Destaca el Sistema de Transporte por Cable (Cablebús) en la capital, con cuatro líneas proyectadas que sumarían 12.03 kilómetros y una inversión autorizada de mil 742 millones de pesos. También inició la construcción del Puente La Panga, de 480 metros sobre el lago de Valsequillo, con una inversión de 355 millones 881 mil pesos, así como la instalación de 14 módulos de maquinaria en municipios estratégicos, con una inversión superior a 710 millones de pesos, para atender infraestructura vial, hídrica y productiva. Más información: Cablebús avanza en Puebla; anuncian cuatro líneas entre 2025 y 2029 En otros rubros, se reporta la construcción de la subestación eléctrica en San José Chiapa, con una inversión de 592 millones de pesos; el inicio de la Célula de Bienestar Animal, con 150 millones de pesos; y la puesta en marcha de 16 Centros Estratégicos de Seguridad y Atención al Turismo (CESAT), de los cuales seis ya operan, conectados al C5i. Además, se inauguró el CEPOSAMI en Casa Puebla con una inversión de 43.9 millones de pesos, comenzó la construcción de la Universidad del Deporte en el Estadio Ignacio Zaragoza con 299.8 millones de pesos, se crearon cuatro sedes regionales de la Universidad de la Salud con 294.9 millones de pesos, y se habilitó la infraestructura del Centro Nacional de Diseño de Semiconductores Kutsari – Unidad Puebla, en San Andrés Cholula. Atención a Mujeres y Pueblos Indígenas los grandes vacíos del informeEn el caso de los pueblos indígenas y la población afromexicana, el Primer Informe de Gobierno 2025 presenta una ausencia de indicadores específicos, presupuesto etiquetado y metas diferenciadas que permitan evaluar el impacto real de las acciones dirigidas a estos sectores. Si bien el documento menciona de manera reiterada la atención a comunidades indígenas dentro de programas sociales generales —como obra comunitaria, conectividad o coinversión social—, no se reportan cifras propias sobre número de beneficiarios indígenas, municipios prioritarios con población originaria, inversión exclusiva ni avances en derechos colectivos, lengua, territorio o autonomía. 
De acuerdo a especialistas consultados, el artículo 2 constitucional reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, con autonomía y libre determinación, lo que obliga a diseñar políticas con enfoque diferenciado y participación efectiva. En el Primer Informe de Gobierno de Puebla 2025, estos pueblos aparecen sólo como beneficiarios de programas generales, sin indicadores ni presupuestos propios, lo que limita su reconocimiento pleno conforme a la Constitución.
En cuanto a las mujeres, el informe carece de un apartado con cifras desagregadas, metas específicas o evaluación de impacto en igualdad sustantiva y erradicación de violencias, a pesar de tratarse de un eje transversal anunciado en el documento. Aunque se menciona la participación femenina en programas sociales —como el hecho de que el 67% de los comités comunitarios esté integrado por mujeres—, no se presentan datos sobre reducción de violencia de género, atención a víctimas, acceso a justicia, feminicidios, órdenes de protección emitidas o cobertura de servicios especializados. Tampoco se detallan presupuestos específicos para políticas de género ni resultados cuantificables en autonomía económica, empleo o salud sexual y reproductiva. En general, pese al volumen de acciones reportadas, el informe presenta ausencias relevantes en materia de evaluación de resultados. No se incluyen indicadores de cumplimiento, metas alcanzadas ni comparativos con años previos o con promedios nacionales. Las cifras se concentran en inversión y cobertura, sin detallar impactos medibles en indicadores sociales o económicos. En el Eje de Prosperidad y Estabilidad Económica, el documento carece de datos clave como crecimiento del PIB estatal, captación de inversión privada, número de empresas creadas o empleos generados con precisión. La actividad económica y turística se describe de manera general, sin cifras consolidadas de derrama económica anual. |