Miércoles 17 Diciembre 2025

El Gobierno de México aceptó su responsabilidad internacional por la vulneración de los derechos humanos en el caso de Ernestina Ascencio Rosario, indígena náhuatl fallecida en 2007 en la Sierra de Zongolica, Veracruz. La administración reconoció que hubo fallas en las garantías judiciales y en la protección judicial tanto de la víctima como de sus familiares.

En su conferencia matutina de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su Gobierno dará cumplimiento a las acciones ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y que se implementarán medidas de reparación integral.

“Hoy recibimos el documento con las sanciones y se van a cumplir tal cual está planteado. Vienen muy específicas las acciones que debe desarrollar el Estado mexicano y así se hará”, declaró la presidenta en su intervención.

La sentencia, notificada el 16 de diciembre de 2025, responsabiliza al Estado mexicano por la violación sexual, tortura y muerte de Ascencio, así como por la falta de acceso a la justicia en condiciones de igualdad para sus familiares.

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Entre las medidas ordenadas destacan:

  • Reapertura de una investigación penal exhaustiva.
  • Atención médica, psicológica y psiquiátrica a los familiares.
  • Un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
  • Programas de capacitación para funcionarios públicos.
  • Fortalecimiento del Centro de Atención Especializada de Soledad Atzompa.
  • Creación de un Registro Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas para salud y justicia.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos celebraron la resolución de la Corte IDH, destacando la dignidad y determinación de las víctimas por exigir justicia y el acompañamiento de abogadas y colectivos. Recordaron que este es el séptimo caso en que el tribunal internacional responsabiliza al Ejército mexicano por violaciones a los DDHH, subrayando la importancia de que el Estado cumpla con las medidas de reparación y garantías de no repetición.

El caso se remonta a 2007, cuando Ernestina fue hallada con lesiones graves tras la instalación de un campamento militar cerca de su vivienda. La falta de atención médica adecuada derivó en su muerte el 26 de febrero de ese año.