El Gobierno de Puebla anunció una inversión de 13 millones de pesos para la adquisición e instalación de inhibidores de señal en 13 centros penitenciarios, con el propósito de impedir llamadas de extorsión originadas desde el interior de los penales, informó el secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González. La inversión contempla la colocación de equipos en los penales estatales de San Miguel y Tepexi, así como la incorporación de 11 centros de reclusión municipales, mediante un esquema de coordinación con los ayuntamientos. La implementación comenzará este año y estará sujeta a revisiones técnicas y operativas para garantizar su cobertura. De acuerdo con el funcionario, la estrategia busca eliminar comunicaciones no autorizadas desde áreas de reclusión hacia la ciudadanía. Aunque Puebla no presenta los niveles de llamadas de extorsión registrados en otros sistemas penitenciarios del país, la medida forma parte de un esquema preventivo para cerrar posibles orígenes del delito. Sánchez González indicó que el programa estatal contra la extorsión reporta una efectividad cercana al 80 %, al evitar que las víctimas realicen pagos durante intentos de fraude telefónico. En este esquema participa la Fiscalía General del Estado, principalmente en la atención de secuestros virtuales, mediante acciones de prevención, seguimiento y localización de personas. Te puede interesar: Morena va por disolución de empresas ligadas a delitos graves en Puebla La estrategia incluye protocolos de atencióninmediata, monitoreo de llamadas y acompañamiento a familias, con el objetivo de evitar depósitos y cortar la comunicación utilizada para consumar el delito. De manera paralela, se realizarán revisiones de infraestructura y compatibilidad técnica en cada centro penitenciario. El secretario precisó que la instalación de los inhibidores se realizará conforme a los calendarios de adquisición y los lineamientos operativos establecidos. Con ello, el Gobierno del Estado prevé contar con equipos en funcionamiento en los penales estatales y municipales integrados al programa, a fin de impedir comunicaciones ilícitas desde los centros de reclusión.
|