La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció la adquisición de nuevas camionetas oficiales tipo Jeep, con un costo aproximado de 1.7 millones de pesos por unidad, destinadas al uso de ministras y ministros del máximo tribunal del país. A través de una tarjeta informativa fechada el 22 de enero de 2026, la Corte informó que la decisión respondió a la necesidad de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y protección personal para quienes desempeñan funciones de alta responsabilidad institucional, mediante la renovación de la flotilla vehicular asignada. De acuerdo con el comunicado, la determinación se tomó con base en opiniones técnicas de autoridades federales, las cuales concluyeron que las unidades en uso ya no cumplían con los estándares mínimos de seguridad, por lo que mantenerlas en operación comprometía el funcionamiento institucional. La SCJN sostuvo que la adquisición de nueve nuevas unidades no obedeció a criterios discrecionales, sino a principios de prevención, seguridad institucional y normatividad vigente, específicamente a los lineamientos internos emitidos en 2019, que establecen la renovación periódica de este tipo de vehículos cada cuatro años o antes, cuando las condiciones del automotor lo requieran. Te puede interesar: Magistrados de Tlaxcala ganarán más que la presidenta Claudia Sheinbaum en 2026 Asimismo, el máximo tribunal señaló que la compra se realizó de manera paralela a la desincorporación de un parque vehicular mayor al adquirido, con el argumento de no generar un gasto adicional para la institución. En el documento, la Corte reiteró su compromiso con una gestión responsable del gasto público y el uso racional de los recursos, asegurando que la renovación de los vehículos no compromete dichos principios y es necesaria para el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional. El comunicado fue difundido, luego de que trascendiera públicamente la compra de vehículos de alta gama para integrantes del Poder Judicial, lo que generó fuertes críticas en redes sociales respecto a la austeridad y los principios de las y los servidores públicos. |