El delito de despojo inmobiliario podría castigarse con penas de hasta 15 años de prisión en Puebla, particularmente en los casos más graves y cuando se trate de personas en situación de vulnerabilidad, advirtió el coordinador de Gabinete estatal, José Luis García Parra, al informar sobre una iniciativa enviada al Congreso del Estado para reformar el Código Penal. La propuesta, impulsada por el gobierno estatal, busca endurecer las sanciones ante el incremento de casos de despojo registrados durante el último año, muchos de ellos relacionados con personas adultas mayores, personas con discapacidad y comunidades indígenas, así como con el uso de mecanismos legales simulados para apropiarse de bienes inmuebles. De acuerdo con el planteamiento, el despojo agravado será sancionado con penas que van de 6 a 12 años de prisión y multas de 100 a mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), dependiendo de las circunstancias del delito. En el caso de quienes financien, dirijan o actúen como autores intelectuales, las penas se incrementarán de 7 a 15 años de cárcel, además de multas que podrían alcanzar hasta 3 mil UMAs. Te puede interesar: El Cártel del Despojo: ¿Quiénes son y cómo amenazan el patrimonio de las familias poblanas? Entre los cambios más relevantes, la iniciativa amplía los supuestos de despojo agravado cuando el delito se cometa en perjuicio de personas adultas mayores, personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, así como integrantes de pueblos y comunidades indígenas. También se consideran agravantes la participación de servidores públicos, la simulación de actos de autoridad, el uso de documentos falsos y la inscripción de actos simulados en el Registro Público de la Propiedad, prácticas que, según autoridades estatales, han sido detectadas en diversos casos de despojo inmobiliario. José Luis García Parra señaló que la iniciativa fue enviada al Poder Legislativo por instrucción del gobernador Alejandro Armenta Mier, como respuesta a una problemática que comenzó a visibilizarse desde 2025 y que ha generado preocupación social por el impacto que tiene en sectores vulnerables de la población. La propuesta será analizada por el Congreso local, donde se espera que el debate se centre en el fortalecimiento de la protección patrimonial y el combate a las redes dedicadas al despojo de inmuebles en la entidad.
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