Puebla se ubicó en el octavo lugar nacional por número de atrocidades registradas en 2025, de acuerdo con el informe “Galería del Horror: atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios periodísticos”, elaborado por la organización civil Causa en Común y presentado a finales de enero de 2026. El reporte documentó 203 hechos de extrema violencia en territorio poblano a lo largo del año, cifra superior a los 152 casos registrados en 2024. En cuanto a víctimas mortales, los registros periodísticos contabilizaron 106 personas fallecidas en 2025, frente a 248 reportadas el año previo, lo que, a decir de la organización, puede traducirse como cambios en la cobertura mediática o en la dinámica de los hechos. Entre los tipos de violencia más frecuentes documentados en Puebla destacan los asesinatos con tortura, con al menos 36 casos, seguidos por mutilaciones o descuartizamientos, con 22 registros, y asesinatos de mujeres con crueldad extrema, con alrededor de 21 casos. Además, se reportaron siete masacres, siete hallazgos de fosas clandestinas y siete hechos de personas calcinadas, así como otros eventos como linchamientos y actos clasificados como terrorismo, en menor proporción. Con estas cifras, Puebla se colocó por debajo de entidades como Sinaloa (641 atrocidades), Guanajuato (477), Guerrero (384), Chihuahua (367), Michoacán (321), Jalisco (232) y Baja California (217), pero por encima de la mayoría de los estados del país. Te puede interesar: Puebla registra 822 homicidios y es el segundo estado con la reducción más baja de este delito en 2025 A nivel nacional, el informe contabilizó 4,783 atrocidades registradas en medios de comunicación durante 2025, lo que representa un promedio de 13 eventos diarios, con al menos 6,707 víctimas, es decir, cerca de 18 por día. Entre las categorías con mayor número de registros se encuentran 1,255 asesinatos con tortura, 608 homicidios de mujeres con crueldad extrema, 456 mutilaciones o destrucciones de cadáveres y 386 masacres. El documento plantea la necesidad de acciones integrales en materia de seguridad, que contemplen el fortalecimiento institucional, la atención a víctimas y la coordinación con organizaciones de la sociedad civil para el seguimiento de estos hechos y la prevención de la violencia de alto impacto. |